Home || Colaboradores || Gobierno colombiano: hacia la paz sin corrupción

Gobierno colombiano: hacia la paz sin corrupción

Colombia

José R. Castelazo


Visión de Estado


viernes 20 de julio de 2018

 “La vida es una continua sucesión de

oportunidades para sobrevivir.”

Gabriel García Márquez.

Las elecciones presidenciales y congresionales en Colombia, en calendarios diferenciados, fueron celebradas con normalidad democrática. Se eligió al Presidente de la República, a 108 senadores y a 171 representantes (diputados). De conformidad con los acuerdos para la paz se integraron al sistema político representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con legisladores en ambas cámaras, así como otras fuerzas políticas minoritarias, entre las que se cuentan grupos indígenas y afrodescendientes, inclusive un representante de todos aquellos colombianos que viven fuera del país (circunscripción internacional).

Colombia está formada por casi 50 millones de habitantes a lo largo y ancho de 1 millón 141 mil km2 (México tiene casi dos millones), organizados dentro de un régimen unitario (nosotros somos una federación), conformando por 32 departamentos político-administrativos, más la capital Bogotá. Cuenta con 1123 municipios (nuestra república con 2 mil 457 y 16 alcaldías en la CDMX), su PIB per capita anual es de 5 mil 800 dólares (47% menos que el mexicano con 130 millones de habitantes). Tiene un índice de desarrollo humano de 0.727 (el mexicano es de 0.762). Compartimos el flagelo de la desigualdad.

El sistema político colombiano es plural: 17 partidos políticos, un padrón de 36.4 millones de ciudadanos, de los cuales acudió a las urnas poco más del 50% (en nuestro caso la votación alcanzó el 64% de 80 millones).

Podría abundar en la ficha monográfica de ese espléndido país, pero me interesa compartir con ustedes la invitación de que fui objeto para impartir una conferencia a quienes habrán de integrar al nuevo Congreso, dentro del seminario internacional “Prospectiva Legislativa para Congresistas Electos (2018-2022)”, celebrado en Bogotá. El desahogo de la apretada agenda fue tan robusto como interesante.

Entre los temas más delicados discutidos en las campañas destacó el de la Paz promovida por el presidente Santos y apoyada por el candidato de la izquierda, Gustavo Petros, quien quedó en segundo lugar en los comicios de la segunda vuelta. El presidente electo, Ivan Duque, del ala derecha del espectro político, por su parte ha planteado una revisión de los acuerdos con las FARC, particularmente en lo vinculado a la impartición de Justicia, y toda vez que el conflicto no ha sido del todo resuelto al persistir la violencia de algunos disidentes que no estuvieron de acuerdo con los negociadores, así como de antiguos propietarios que al haber sido despojados de sus tierras han regresado a intentar recuperarlas.

Como un elemento de orden y confianza, el pasado 9 de julio el Congreso saliente expidió el “Estatuto de la Oposición Política”, que la reconoce como derecho fundamental para realizar una tarea que se puede resumir en perfeccionar el control político sobre la gestión del Ejecutivo.

Se habló del desarrollo globalizado y del carácter que debería tener la cooperación internacional de Colombia; de la motivación del legislador; de la prospectiva como elemento para la elaboración de las leyes; de las relaciones intra e inter en las dos cámaras, los partidos, los congresistas y con los otros dos poderes públicos, con los ámbitos departamentales, municipales y con la sociedad.

También se hizo referencia a las dificultades del contenido de las leyes y de su ominoso tránsito para decretarlas; del mérito y la igualdad en todos los cargos del gobierno de la República; del frente parlamentario latinoamericano contra el hambre y, en lo que quiero detenerme, el papel del Congreso en el tema de la Transparencia y la Anticorrupción.

Ellos les llaman “los tres mosqueteros” para abatir ese deleznable fenómeno: se trata de la Contraloría General de la República, órgano autónomo de los poderes que audita y prevé desviaciones y conductas presumiblemente ilícitas en el ejercicio del gasto público; la Procuraduría General de la Nación, igualmente  autónoma, persigue a los funcionarios y particulares que cometen delitos, y la Fiscalía General de la Nación producto de un pacto institucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial, dedicada a investigar la naturaleza y modus operandi de la corrupción. En la mesa de discusión correspondiente se urgió la restauración de la ética pública en el conglomerado social y del gobierno a fin de restablecer la moral de la Nación.

En Colombia han encontrado una piedra de toque en el propósito de sistematizar la cruzada anticorrupción: consiste en superar las transacciones inmediatistas que se realizan en el Congreso para establecer una nueva cultura, la del consenso, siempre más difícil y también siempre más duradera.

Se busca considerar al Congreso como un centro de pensamiento, que se nutre de las universidades e investigadores, también de los datos que manejan los otros poderes y ámbitos de gobierno. La piedra de toque constituye la posibilidad de salvar la suma de obstáculos que impiden compartir la información de una manera sistemática, transparente y congruente con lo que sucede en la realidad social.

Al utilizar la metáfora de los “tres mosqueteros”, se propuso incorporar al Congreso, como un D’Artagnan, por la necesidad de contar con armas legislativas y reglamentarias, pero sobre todo con la influencia y el control político que pudiese desplegar a favor de la ética pública. Los legisladores mismos se propusieron convertirse en un ejemplo de comportamiento honesto, informado, comprometido, responsable de implementar sus facultades con lucidez y armonía.

Los legisladores colombianos concluyeron que estas cuatro entidades quedarían cortas en su lucha anticorrupción y pudieran caer en la ineficiencia e ineficacia, de no contar con el concurso de la sociedad organizada. En el Congreso se han obligado a cumplir una tarea que se antoja tan compleja y tan extendida como lo es en nuestro país.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

Tu opinión es importante

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*

Sobre José R. Castelazo

José R. Castelazo
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM; Maestro en Gobierno, Universidad de Manchester; Diplomado en Liderazgo para el Cambio, Universidad de Harvard; Doctor en Derecho, UNAM. Profesor universitario en instituciones nacionales e internacionales. Articulista en publicaciones especializadas. Autor de trece libros, y coautor de cuatro más, entre los que están: “Administración Pública: Una visión de Estado”; “La Administración Pública en los Informes Presidenciales”; “Moving beyond the crisis: reclaiming and reaffirming our common administrative space”; “Democratic Governance, Public Administration and Poverty Alleviation”; “La Empresa Pública en México y América Latina: entre el Mercado y el Estado” y "Ejes Constitucionales de la Administración Pública en México”. Director General en áreas administrativas del Gobierno Federal. Delegado Político en Iztacalco, Diputado Federal, Embajador de México en Costa Rica. Presidente de organizaciones profesionales, la más reciente del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Vicepresidente para América Latina del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas; Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública; Fundador y Coordinador del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública. Sucesivamente fue: Integrante, Vicepresidente y Presidente del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU. Actualmente preside la Consultoría “Sociedad y Gobierno”.