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Concordia

transición de gobierno

José R. Castelazo


Visión de Estado


viernes 10 de agosto de 2018

La concordia hace crecer las cosas pequeñas,

la discordia arruina las grandes.

Cayo Salustio (historiador romano).

La concordia, ancestral factor de integración ente individuos, comunidades, instituciones y hasta naciones, consiste en la capacidad de construir bases de entendimiento para arribar a acuerdos. En política es lograr un principio de anuencia que permita identificar, sumar y mover voluntades en torno a los propósitos del Estado.

Expresado en términos actuales, la concordia es el punto de partida que permite desarrollar factores de equilibrio que apuntalen a la gobernabilidad y la gobernanza del sistema político. Se trata de dar visibilidad tanto a las coincidencias como a las divergencias en torno a las complejas materias vinculadas al interés público, con el propósito de aprovechar las primeras y encontrar la forma de superar las segundas.

En este marco, la búsqueda de la concordia es la primerísima tarea de un líder político, particularmente si se trata del Presidente de México. Para llegar a la reconciliación que plantea Andrés Manuel López Obrador, después de su contundente victoria electoral, le es indispensable promover la concordia, como lo ha dado a entender.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha entregado la constancia de mayoría y con ello conferir legalidad a su legitimidad, se da pauta a una esperada transición de terciopelo, una transparente y confiable entrega-recepción de la Administración Pública Federal y una toma de posesión sin contratiempos el próximo primero de diciembre. Actos que habrán de confirmar la madurez del sistema político mexicano.

En la Sesión Solemne del 8 de agosto se escucharon dos discursos: el sobrio y conceptual de la Ministra Presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otálora, quien contextualizó el reconocimiento constitucional y, por su parte, el de López Obrador, agradecido y comprometido en no fallarle a los electores, no sólo a los 30 millones  que lo apoyaron, sino a todo el pueblo. En ambos mensajes se advierte una voluntad de concordia, falta traducirla en hechos.

Esta voluntad tiene sus primeros asomos en tres reuniones: la sostenida con el excandidato Meade, en la cual hubo cordialidad y dignidad. Los dos dieron vuelta a la página de posibles agravios. Es de ponderarse que, en su inmediato reconocimiento del triunfo de López Obrador, el excandidato del PRI pensó más en el país, que en el partido y en su persona. Ese gesto indirectamente obligó a los sectores políticos y económicos  a reconocer que fue inaugurada una época.

Con los ingenieros civiles, en la antigua escuela de minería de la UNAM, se abordó el delicado tema del nuevo aeropuerto de México. Les expresó su confianza en el juicio técnico para adoptar las resoluciones más  adecuadas y pertinentes a ese proyecto. Demostró una actitud de acercamiento y respeto al gremio.

En Ciudad Juárez trató con las víctimas de los efectos colaterales de la violencia, asunto más que espinoso por la pérdida de vidas, las desapariciones y secuestros, y ante la polémica propuesta de perdonar pero no olvidar: ¿Hasta qué punto los afectados estarían de acuerdo con esta postura? Esa arista de la concordia se debe trabajar con mayor ahínco puesto que es responsabilidad del gobierno contener la violencia y garantizar la paz social, cuestiones que demandan acciones puntuales, cuyos resultados difícilmente se verán de inmediato, requerirán de mayores plazos.

Por otro lado se han anunciado decisiones muy discutibles, que colocan al nuevo líder en medio de la arena política. Entre ellas la descentralización, que en realidad sería desconcentración, de la mayoría de las secretarías del despacho y algunos organismos públicos hacia diversas ciudades del interior de la República. En esta misma línea se encuentra el nombramiento de un coordinador de las tareas federales en cada Estado. Habría que colocar tales intenciones bajo la luz del federalismo, toda vez que su cumplimiento exige la observancia de nuestro orden jurídico y, además, contar con la disposición de los poderes locales.

Una descentralización supone transferir facultades y atribuciones federales a los estados e incluso a los municipios, mediante una adecuada regulación del centro. Descentralizar no implica una intervención irregular del Ejecutivo Federal que pudiera erosionar la toma de decisiones e incrementar el centralismo. De proceder así, la Presidencia estaría contra su tesis de respetar a todos los poderes, en este caso, a los constituidos en las jurisdicciones del territorio nacional.

En el tema de la concordia habría que considerar la entrada en funciones de un nuevo Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre. Me pregunto. ¿Cuál va a ser la agenda de la mayoría, su posición frente a las de las minorías y viceversa?

El complejo proceso electoral 2018, ha creado una serie de condiciones inéditas. A decir verdad no hay ciudadano de buena fe que no se sienta positivamente sorprendido al percatarse del avance de este cambio democrático, pero también hay quienes expresan escepticismo, será necesario atender a los primeros y convencer a los segundos con hechos, no con palabras.

En el discurso ante el Tribunal Electoral, López Obrador escogió como su prioridad ocuparse de los más vulnerables. Nadie puede estar en desacuerdo con ello, el problema radica en la manera de hacerlo juntos, sin enfrentamientos. Esto es, en concordia.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

2 comentarios

  1. Beatriz Madrazo

    Concordia , mágica palabra . Me gusto mucho el artículo, aunque complejo en palabras no cotidianas para mi me dio una idea clara de cómo se piensa trabajar .

  2. Javier Arturo Quiñones Espinoza

    Otra sentencia -siempre hay una que acota a la otra- reza que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Así, queda por ver dentro de seis años si el acuerdo de concordia -fácil de enarbolar en situaciones digamos normales, aunque no tanto en extremas- se traduce en cambios significativos o reedita una postergación interminable al amparo de la coartada tantas veces vista de avances mínimos, nimios, insustanciales. ¿Necesita México cambiar mucho -y por ende está obligado a sacudirse- o le basta acumular pequeños cambios, meros ajustes? Aquí empiezan los desacuerdos. Hay cifras preocupantes que pesan demasiado para obviarlas. Decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de asesinados para los que no ha habido justicia, narcotráfico misteriosamente al alza, desigualdad desmedida derivada de privilegios a la vista de muy dudosa legalidad, auto-retribución de gobernantes al menos discutible si no sintomática de la legalización de la corrupción, un sistema de justicia evidentemente fallido que los responsables no quieren ver y se empeñan en soslayar, etc. Creo que López es consciente como ningún otro presidente lo había sido de tantos obstáculos, y no ha dejado de decirlo a los cuatro vientos. No será tan sencillo. Hay muchos intereses (oscurísimos tantos…) en juego. Hagamos votos porque López no se abrace a las tepocatas y las víboras prietas como Fox hizo, porque se atreva a romper algunas falsas concordias por el bien de México.

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Sobre José R. Castelazo

José R. Castelazo
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNAM; Maestro en Gobierno, Universidad de Manchester; Diplomado en Liderazgo para el Cambio, Universidad de Harvard; Doctor en Derecho, UNAM. Profesor universitario en instituciones nacionales e internacionales. Articulista en publicaciones especializadas. Autor de trece libros, y coautor de cuatro más, entre los que están: “Administración Pública: Una visión de Estado”; “La Administración Pública en los Informes Presidenciales”; “Moving beyond the crisis: reclaiming and reaffirming our common administrative space”; “Democratic Governance, Public Administration and Poverty Alleviation”; “La Empresa Pública en México y América Latina: entre el Mercado y el Estado” y "Ejes Constitucionales de la Administración Pública en México”. Director General en áreas administrativas del Gobierno Federal. Delegado Político en Iztacalco, Diputado Federal, Embajador de México en Costa Rica. Presidente de organizaciones profesionales, la más reciente del Instituto Nacional de Administración Pública de México. Vicepresidente para América Latina del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas; Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración Pública; Fundador y Coordinador del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública. Sucesivamente fue: Integrante, Vicepresidente y Presidente del Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU. Actualmente preside la Consultoría “Sociedad y Gobierno”.