Este 25 de junio, el calendario hondureño marca la efeméride “Día del Periodista Hondureño”, una jornada marcada por un evento solemne central: la entrega por parte del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) del Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, a un “destacado” comunicador “catracho”, y cuyo galardonado de éste año es Salomón Salguero, el llamado “poeta” de la comunicación, debido a su innata vocación por la composición poética. Un septuagenario periodista egresado de la Universidad Loyola en New Orleans, y que no pierde la pasión por el ejercicio de informar. Este acto tradicionalmente se realiza en presencia de las máximas autoridades del estado y del cuerpo diplomático acreditado en el país. En esta ocasión, la principal novedad es que dicha actividad se desarrollará en San Pedro Sula (comúnmente se hace en la capital, Tegucigalpa).
El reciente 10 de mayo se publicó en el Diario Oficial La Gaceta (equivalente al Diario Oficial de la Federación (DOF), –y que “entrará” en vigencia esa misma fecha en noviembre– un nuevo código penal, el cual abre “una nueva batalla”, que indudablemente se traducirá en la “colonización” de ciertos espacios públicos, como señal de protesta por diversos sectores, quienes apuntan que esta normativa limita la libertad de expresión ciudadana (a raíz de la salvaguarda del derecho al “honor”). Particularmente en el artículo 28 y diversos artículos en el capítulo III del instrumento jurídico, contra el cual los diputados piden incrementar la vacatio legis (ampliar el tiempo para la entrada en vigencia del mismo, mientras se lleva a cabo un proceso de resocialización).
En mi opinión, la libertad de expresión es la principal garantía de promoción de sociedades y estados de derecho que promueven y fomenten la igualdad, la justicia y la paz; en tanto se busca señalar de manera “medianamente” razonada, toda aquella conducta pública o privada “viciada” y “tolerada” que afecta la construcción de sociedades prósperas, y que pervierten de una u otra manera el “espíritu” de aplicabilidad de la ley, en tanto se busca “crear” sectores “intocables”.
Pienso que es aquí, donde instituciones que representan los intereses generales de la sociedad (caso del Ministerio Público hondureño), deberían ejercer un papel más activo en la defensa y salvaguarda de estos mecanismos que sirven a la ciudadanía para “desahogar su penas”; en un país donde al parecer la “ganancia” de unos pocos es aquella tendiente a generar “distracciones” de cualquier índole, mismas que de manera indefendible, a la larga contribuyen a minar activos humanos indispensables para el desarrollo social como son la creatividad, el emprendedurismo y la esperanza en la construcción de escenarios de vida más felices.
A simple vista se observa que la entrada en vigencia de esta ley socavará principios universales en materia de libertad de expresión, lo cual conducirá necesariamente a una especie de “adormecimiento” del pensamiento, en tanto cohibirá la comunicación de ideas y reducirá todas aquellas plataformas o espacios para la comunicación que vaya en contra del sistema establecido. Bajo mi punto de vista, una efectiva legislación que consolide el estado de derecho requiere de “una construcción global de consensos”, pues de cada habitante o actor del país se puede “aprender”. Creo que aquí es donde gremios como el CPH y el CAH (Colegio de Abogados de Honduras), deberían “activar” mecanismos que les permitan “influenciar” en todos aquellos espacios “cerrados” que buscan mantener la “zozobra” y la confrontación en el espacio público.
En conclusión, la libertad de expresión no debe ser limitada ni un mínimo ápice, pues es el activo central para externar todas aquellas ideas que conduzcan a nuestros países hacia todos los escenarios propiciadores del cambio social democrático, la convivencia pacífica y el entendimiento en la diversidad.
P.D.: Es tan importante y esencial este derecho referido que, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) adscrita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), adoptó junto a diversas instancias globales de defensa de la libertad de expresión, una “Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital”, promoviendo siete aspectos esenciales: principios generales en la materia que deben ser implementados a nivel del hemisferio; seguridad de los medios de comunicación; amenazas jurídicas –caso analizado en esta columna–; amenazas políticas, tecnológicas y económicas; además, aspectos relativos a los medios de comunicación y las plataformas en línea.