Está probado que la fórmula de Mando Único Policial ha sido hasta ahora la más conveniente para hacer frente a los problemas de seguridad pública que aquejan en diversas regiones de nuestro país. Por supuesto, éstos deben ser tratados con políticas transversales e integrales enfocadas a resolver el problema de raíz.
El Mando Único Policial garantiza, en cada uno de los estados, que la seguridad pública no se politice. Por el contrario, obliga a los gobernadores a un mayor compromiso por tener mejores policías y con ello mejores resultados, puesto que la responsabilidad en la materia será exclusiva de ellos.
Si bien es cierto que existen municipios con un estado de fuerza mayor que la propia administración estatal (como es el caso de Tijuana) y que dichos policías municipales son, incluso, mejor evaluados que los estatales y, tal vez, que hasta muchos federales; lo que también trae aparejado consigo que están mejor pagados y, por lo tanto, muchas de las veces la gestión de una jugosa asignación de recursos para el municipio provenientes de la federación o de gobiernos extranjeros como lo es el caso de Iniciativa Mérida. Precisamente, por el manejo de esos recursos es que la seguridad pública, en gran medida se politiza, puesto que además se ha convertido en un gran negocio.
Desafortunadamente, los Senadores modificaron la iniciativa del presidente convirtiéndola en un Frankenstein llamado Mando Mixto Policial, el cual sí contempla el traspaso del mando de la policía al gobierno estatal o, inclusive, al federal mediante una declaratoria formal; sin embargo, en los hechos será nada práctico, puesto que la urgencia de una acción policial requiere de órdenes inmediatas y al momento. Supongamos: ¿qué pasaría si las autoridades de un municipio están coludidas con el crimen organizado y, suponiendo, ordenan la desaparición de (sigo suponiendo) algunos estudiantes y, efectivamente, lo perpetran? Seguramente, bajo el modelo de Mando Mixto Policial, inmediatamente después de acontecida la situación se otorgará el mando de esa policía al gobierno estatal o al federal. Sin embargo, será demasiado tarde, dado que el hecho estará consumado.
Detrás del debate jurídico, por lo relacionado al tema del federalismo y la distribución de competencias en los tres órdenes de gobierno de nuestro país, dígase federación, estados y municipios, se esconde el verdadero debate que es el económico en cuanto a la asignación de recursos.
Hay quienes aseguran, desde lo jurídico, que quitar el mando de las policías a los municipios es contravenir el régimen federal y atentar contra el primer nivel de gobierno invadiendo sus competencias. Otros dicen que no atenta, siempre y cuando se dejen las funciones de los bandos de policía y buen gobierno.
Al respecto, considero que la función de la ley es garantizar el mayor beneficio a la mayoría de las personas. Es decir, el centro de importancia es la persona, no la ley en sí misma. Por lo tanto, habría que atender al interés de las personas que somos las que sufrimos en carne propia los efectos de la inseguridad.
En consecuencia, es necesario redefinir desde lo legal el concepto de seguridad pública; por ejemplo, sí dejar al municipio atribuciones de prevención y proximidad social, así como la atención de las infracciones administrativas, labores éstas tan importantes para la erradicación de la violencia y la delincuencia sin siquiera realizar un sólo disparo. Que los municipios sigan recibiendo recursos para estos efectos otorgados por un nuevo organismo constitucional autónomo que pudiera serlo el actual Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dándole ese carácter. Con ello se lograría la asignación de recursos de forma imparcial y objetiva, atendiendo a la verdadera necesidad de los municipios. Pero, dejar al gobierno estatal la reacción operativa policial para que sea inmediata y eficaz.
El tema es fundamental y vale mucho que ahora los diputados analicen con detenimiento la minuta del Senado y nuevamente la propuesta del Presidente. Para ello, sería muy oportuno, y hasta obligado, que se acerquen a los expertos en el tema, los cuales indudablemente son los propios Secretarios de Seguridad Pública del país.
Repensar el modelo policial que regirá en México, pudiera evitar el controvertido tema de la inclusión del Ejército y la Marina en las funciones de seguridad pública, el cual se está forzando con la propuesta de la llamada Ley de Seguridad Interior, situación que está ocasionando confusiones y despropósitos, y que traerá, de llevarse a cabo, consecuencias gravísimas tanto para la ciudadanía como para los propios militares.
@marcialmanuel3