La realidad social ha rebasado la realidad normativa de nuestro país en materia de seguridad pública. La corrupción y la falta de capacitación y equipamiento han impedido que las instituciones policiales hagan frente de manera eficaz a la delincuencia.
La seguridad pública presenta tres aspectos fundamentales en los que la autoridad se está quedando atrás. Primeramente, en lo que respecta a la prevención de la violencia y la delincuencia, no se cuenta con los recursos debidos para materializar las políticas que tanto el gobierno federal como los locales proyectaron. Más aún, la Secretaría de Gobernación canceló el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cerrando la llave de millones de pesos asignados a rubros como los de Prevención del Delito, Combate a la Inseguridad, Combate a las adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos.
En segundo lugar, es evidente que las instituciones policiales son incapaces de garantizar la seguridad. Por un lado, la falta de capacitación y equipamientos debidos y, por otro y más grave, la complicidad que tienen con la delincuencia provocan el incumplimiento de este mandato constitucional. A ello habría que agregar la falta de una profesionalización y dignificación real de todos los policías en los tres niveles de gobierno.
Finalmente, nuestra realidad legal está totalmente descontextualizada de las necesidades que día a día demanda la realidad social. La Policía Federal, por cuestiones de jurisdicción y por el régimen federal en que estamos organizados como país, no puede responsabilizarse de los problemas que sucedan en el municipio o en los estados a menos que se trate de delitos del orden federal. Además, también existen casos de confabulación con criminales.
No queda otra como país que echar mano del Ejército y la Marina para contrarrestar un problema que de origen no era su responsabilidad y sí de la autoridad civil. Sin embargo, al respecto, de tal necesidad se derivan dos problemas: la clara inconstitucionalidad de su actuar en funciones de seguridad pública y el estado de indefensión en el que se encuentran por falta de certeza jurídica en ausencia de un marco legal que regule dicho actuar.
Para dar solución a los dos problemas mencionados, se optó por una Ley de Seguridad Interior, la cual pretende justificar su actividad en esta materia a la vez de otorgarles certeza jurídica para evitar, sobre todo, que los militares sean procesados por violaciones a Derechos Humanos.
El debate realmente está en reflexionar si los problemas de delincuencia que aquejan a nuestro país son un problema de seguridad nacional; es decir, que verdaderamente estén poniendo en riesgo la soberanía de México o el correcto funcionamiento de sus instituciones democráticas. De ser así, desde luego se justificaría la eventual intervención de las Fuerzas Armadas a través de garantizar la seguridad interior, aspecto que integra la seguridad nacional.
Desde mi punto de vista, no son problemas que pongan en riego ni la soberanía nacional ni el debido funcionamiento de las instituciones democráticas. Me parece más bien que es un problema de incapacidad institucional en el que los gobiernos municipales y estatales no hicieron lo necesario para tener instituciones policiales éticas y profesionales.
Del mismo modo, me parece que es fundamental revisar el marco jurídico que actualmente regula la materia en nuestro país y hacer los cambios que sean necesarios. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un instrumento que desde que se creó no ha resuelto en los hechos lo necesario. Es una ley que carece de instrumentos, mecanismos y sanciones que garanticen el cumplimiento de sus objetivos.
Asimismo, es necesario retomar el debate del modelo policial que debemos adoptar en nuestro país. En lo particular, creo que el modelo del Mando Único Policial es el más conveniente. Es cierto, se deben respetar las atribuciones del municipio consagradas en la Constitución; una de ellas es la función de la seguridad pública. Dejarles la prevención de la violencia y la delincuencia, así como lo que se derive de los bandos de policía y buen gobierno como de las sanciones administrativas, garantizaría no transgredir esta atribución y respetar con ello su soberanía. Es cierto, existen municipios que cuentan con una excelente institución policial e, inclusive, con más elementos activos que el propio gobierno estatal. Sin embargo, sería el sacrificio que en determinado se tendría que hacer en pro del interés común de la entidad y del país en general; esta situación de ninguna manera tendría que ser perjudicial siempre y cuando, y ahora con mayor razón, se exija al gobierno estatal que cumpla con las mismas expectativas.
La ley general en materia de seguridad pública tiene que señalar sanciones ejemplares para el incumplimiento de lo estipulado, de lo contrario seguiremos en la simulación y sin soluciones. ¿Cuántos de los acuerdos adoptados en el seno de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública se han cumplido desde su primera hasta la última Sesión? ¿Por qué, de ser el caso, no se cumplen? ¿Qué sanciones se han impuesto al respecto? Son preguntas que requieren urgentes respuestas para entender qué es lo que está sucediendo.
@marcialmanuel3