Una de las causas de los problemas de seguridad pública en nuestro país es la vinculación que las autoridades llegan a tener con la delincuencia. Corrupción e impunidad son, precisamente, reflejo de la salvaguarda de intereses ilícitos del binomio autoridad-delincuencia. La investigación y el combate a esta relación perniciosa es, lo más probable, que tengan el mismo problema de origen de relación de autoridades vinculadas con la delincuencia.
¿Cómo es que se logra infiltrar la delincuencia a las instituciones de seguridad pública? La primera respuesta que se nos puede venir a la cabeza es, definitivamente, por los pésimos salarios con que cuentan los policías. Con ello la corrupción es más accesible por el bajo costo que implica. Una segunda respuesta es porque de alguna manera el crimen, sobre todo el organizado, ha logrado prebendas de los gobiernos en turno. Esto se debe al endeudamiento político o económico que se tiene con los mafiosos. Una última respuesta sería por las amenazas que la delincuencia pudiera ejercer sobre las autoridades y éstas a su vez acatar la disposición por su debilidad.
La seguridad pública, en cuanto a las instituciones en cargadas de ella, tiene 3 funciones que la sostienen: la prevención, la investigación y el combate de la violencia y la delincuencia. De momento lo que nos interesa para efectos de este artículo son las últimas dos. ¿Cómo investigar y combatir la violencia y la delincuencia eficazmente? Lo primero sería contar con instituciones policiales profesionales y bien remuneradas. Por profesionales me quiero referir no sólo a su formación, sino también a toda la infraestructura tanto institucional de áreas específicas de inteligencia e investigación como de equipos y tecnologías necesarias para el ejercicio de su función. Por bien pagadas, entiendo el salario mínimo que pudiera recibir el policía sea suficientemente digno para verdaderamente cubrir sus necesidades y que el mismo se convierta en un obstáculo para la corrupción.
De cumplir lo anterior (situaciones mínimas que de tenerlas nos permitirían construir instituciones policiales capaces), se tiene también que considerar la creación de Unidades de Asuntos Internos autónomas a efecto de evitar que los titulares de estas áreas sean juez y parte, y con ello lograr verdaderas investigaciones, así como sanciones a las autoridades señaladas por corrupción e indebido servicio.
En consonancia con lo anterior, se ha presentado una iniciativa de reforma constitucional en la que se plantea que la Fiscalía General de la República tenga una unidad cuya única misión sea precisamente el poder investigar a todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que eventualmente formen parte de la delincuencia organizada o sirvan a las actividades criminales de ésta.
Esta iniciativa, presentada por el Diputado Federal del PAN Jorge Ramos, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, tiene entre sus propósitos lograr la autonomía de los titulares de las Unidades de Asuntos Internos de las instituciones policiales, tanto en el municipio, los estados y la federación.
Esta iniciativa es muy importante y necesaria en sus propósitos si queremos verdaderamente combatir la corrupción policial. La misma tiene que discutirse (como otras en materia de seguridad; por ejemplo: la Ley de Seguridad Interior o el Modelo de Mando Mixto Policial) bajo la lupa del Constitucionalismo y Federalismo mexicanos para no cometer errores legales y que a la ahora de pretender materializarla sea imposible por las inconsistencias, lagunas, ambigüedades, contradicciones y vulneraciones jurídicas y a la soberanía de los estados y municipios que pudiera significar.
Esta iniciativa tiene que empatarse con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que pretende homologarse en todo el país. Habrá entonces que reflexionar la importancia de lograr una verdadera autonomía en el titular de la Unidad de Asuntos Internos para que efectivamente investigue y sancione de manera imparcial, objetiva y apegado a la legalidad a los policías acusados de corrupción o de un mal desempeño de sus funciones.
Por consiguiente, dicho titular local tendrá que ser nombrado de manera autónoma y depender de otra autoridad superior también autónoma (que siguiendo el modelo federal dependería de un Fiscal General) para que, cuando se trate de delitos de fuero común perpetrados por los policías, se juzgue de manera imparcial, objetiva y con apego a la legalidad, sin violar la soberanía de cada uno de los tres niveles de gobierno.
@marcialmanuel3