Nuevamente está a debate la propuesta de legislar un Mando Único Policial a nivel nacional. Después de un largo periodo de silencio, el Presidente de la República levantó la voz para hacer un reclamo al Poder Legislativo ante la falta de definición sobre el tema.
Actualmente, los legisladores debaten un Mando Mixto Policial el cual, como lo he venido señalando en este espacio, no pareciera el más oportuno y mucho menos la mejor opción.
México cuenta con 1,800 cuerpos policiacos de los cuales el mínimo de ellos se encuentra lo suficientemente capacitado, equipado y “medianamente” bien pagado. El proyecto de Mando Único pretende reducir a sólo 32 policías estatales únicas, con lo que a mi parecer se lograría un impacto positivo en el gasto de recursos económicos en la materia por la homologación de procesos, capacitaciones y compra de equipos tales como armamento, uniformes y tecnología, así como la estandarización de sueldos. Además, es evidente que se tendrá un mejor control sobre cada policía ya que, al existir un sólo mando habrá, en consecuencia, una sola jerarquía y con ello mayor rigorismo sobre el cumplimiento de las instrucciones y atribuciones legales.
De igual modo, la fiscalización de los ciudadanos se facilitará al ser sólo una corporación policial a escrutinio por cada estado de la república, con lo que se obligará a forjar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas más eficaces. Con ello, también, se perfeccionará la participación ciudadana como contrapeso al poder institucional.
Sin embargo, existen al menos dos argumentos constantes en contra de la instauración del Mando Único. Uno de ellos tiene que ver con una aparente contradicción al régimen federal de nuestro país y, el otro, con una supuesta vulneración al municipio. Si bien es cierto que la Constitución General señala en sus artículos 21 párrafo noveno y 115 fracción tercera, inciso “h”, la responsabilidad del gobierno municipal de la seguridad pública dentro de los límites de su jurisdicción, cierto también es que hoy nadie puede negar que dichas policías municipales están rebasadas por el crimen organizado, la incapacidad y la corrupción.
En estricto sentido, de aprobarse el Mando Único, por ningún motivo se estaría contraviniendo al régimen federal y tampoco a las facultades del Municipio, ya que una cosa es quitar el mando de las policías y otra muy diferente suprimir la responsabilidad de la seguridad pública en ese nivel de gobierno.
Dicha facultad de la autoridad municipal se dejaría intacta ante la conveniencia de aprobar el Mando Único, a través de ejercer los bandos de policía y buen gobierno, así como la prioritaria y vital función de prevención del delito; es decir, tareas de proximidad social en las que su importancia redunda en transformar, en acompañamiento de políticas transversales, las malas e ilegales prácticas de la comunidad en otras positivas y constructivas.
La prevención de la violencia y la delincuencia es parte fundamental de la seguridad pública para mantener una sociedad en paz; lo grave es que ésta, por más que es una obligación constitucional de igual modo de las policías municipales, no se está realizando.
Por tales motivos, ambos argumentos en contra de la implementación del Mando Único no son consistentes y ni siquiera verdaderos; por el contrario, son más firmes los argumentos a favor de su implementación. Además, de lograr formar solamente 32 policías estatales únicas es muy probable que, como país, superemos el debate que gira en torno a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, instrumento jurídico con el que se pretende dar legalidad a las acciones que indebidamente han obligado a realizar tanto al Ejército Nacional como a la Armada Mexicana en materia de seguridad pública.
@marcialmanuel3
Estimado Mtro. Manuel:
Coincido plenamente en su argumento, es fundamental que ante el actual contexto jurídico en nuestro país, derivado de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública y procuración de justicia es imperante la construcción de políticas públicas en materia de seguridad con una visión sistémica e integral que consolide las necesidades actuales ante un nuevo sistema de justicia penal, y de seguridad que la ciudadanía demanda.
No es un trabajo sencillo, requiere entre otras cosas, de voluntad política, de mecanismos eficientes y eficaces, de altos mandos que se sensibilicen en las funciones que desempeñan , de ciudadanos informados y participativos, etc.