Hace cuatro décadas en el gobierno de López Portillo se creó el sistema alimentario mexicano que encabezó Cassio Luiselli con gran eficacia. Se buscó asegurar la producción y el abasto de alimentos básicos a la población de todo el país a precios accesibles. Institucionalmente el Grupo CONASUPO fue motor de producción y comercialización. Para muchos ya es “historia patria”; otros, más jóvenes, posiblemente no estén enterados del éxito del programa. Sus recuerdos pueden provenir de las últimas dos décadas en que descendió la producción nacional de alimentos básicos, y en aras de un supuesto libre mercado, aumentó la dependencia alimentaria del exterior, se deterioró el ingreso de la población rural y se tornaron crónicas la pobreza y la desigualdad en vastas zonas del país. Industrias CONASUPO ‒con Ignacio Ovalle a la cabeza‒ fue liquidada en época del presidente Salinas. Distribuidora CONASUPO y LICONSA sobrevivieron con un papel menguante.
Dos agriculturas contrastantes surgieron al abandonar la seguridad alimentaria a los mecanismos de mercado: una moderna, pujante y exportadora con niveles de productividad y tecnificación a nivel mundial ‒ya se trate del maíz de Sinaloa, los aguacates de Michoacán, o las frutas y hortalizas del Bajío y Baja California‒; y al lado, otra de subsistencia y autoconsumo con bajísimos rendimientos por hectárea, e incluso tierras abandonadas, sin financiamiento, acceso a agua y fertilizantes y protección ante riesgos naturales y de mercado.
El viernes pasado los economistas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM tuvimos la oportunidad de escuchar a Ignacio Ovalle, experimentado funcionario del sector público y su equipo de trabajo más cercano (Fernando Peón –ex Director de la Fundación Harp Helú‒) describir la estructura y los programas de SEGALMEX (Seguridad Alimentaria Mexicana) que ha integrado a DICONSA y LICONSA para garantizar ‒de la mano con la Secretaría de Agricultura‒ el abasto y la promoción de la producción de productos básicos alimentarios.
A partir de experiencias positivas y negativas, y de lecciones pasadas, se intenta reconstruir una sólida plataforma intergubernamental, al mismo tiempo que sea pública y privada para garantizar la seguridad alimentaria, así como la nutrición para todos con una perspectiva pragmática, muy moderna. Se pretende establecer programas de compra y precios de garantía que vinculen a los productores ‒particularmente a los pequeños‒ a una demanda estructurada de productos agrícolas, de manera que puedan planificar y diversificar su producción, percibir ingresos más previsibles y sustituir importaciones
Contrariamente a algunas críticas que se han hecho por desconocimiento, el nuevo sistema es muy focalizado. Se concentrará en cinco productos clave para el consumo de los mexicanos: maíz blanco, frijol, arroz, trigo panificable y lecha fresca. El precio de garantía tendrá límites por unidad y volumen de producción. En el caso de productores de maíz, por ejemplo, se espera beneficiar a 2.2 millones de pequeños y medianos agricultores, de los cuales 600 mil son de autoconsumo.
Por esta vía se buscará impulsar la producción nacional y el empleo, al igual que abatir una parte importante de las importaciones que en México llegaron a niveles que ningún otro país con capacidad de producción agrícola toleraría. En arroz, por ejemplo, México depende en un 85% de importaciones ‒ni India, ni China, ni Japón, ni Vietnam, lo permitirían‒. En trigo panificable dependemos 80% de importaciones. La FAO recomienda no depender más de 25-30% de importaciones en alimentos básicos.
El nuevo sistema prevé ‒y ya lo está logrando‒ hacer pagos inmediatos y oportunos. El frijol se está pagando el mismo día. Este esquema pretende, además, evitar intermediarios innecesarios y combatir corrupción, que lamentablemente ha estado muy extendida también en el medio rural.
Es indispensable fortalecer para ello las capacidades de almacenaje público y privado que se deterioraron mucho en décadas recientes. Sólo se cuentan con 28 bodegas de recepción de DICONSA, pero hay bodegas privadas que no se han estado utilizando y se buscará aprovechar.
Un factor crucial será el financiamiento, que en épocas recientes ha estado muy limitado. En otros tiempos la banca privada atendía a la agricultura comercial (BANCOMER fue un buen ejemplo), con apoyo de los FIRA del Banco de México. A su vez, BANRURAL se ocupaba de los pequeños y medianos agricultores. El sistema se desvirtuó por razones políticas y deficiencias institucionales y administrativas. La cartera vencida y la corrupción cercenaron a la banca de desarrollo. Ahora se busca una alianza virtuosa que permita impulsar financieramente la producción y ‒cuando resulte viable y conveniente‒ el procesamiento agroindustrial. Es vital que en ese marco se impulse una moderna banca de desarrollo agropecuario como la tienen China y Vietnam.
Todo ello deberá lograrse con un menor subsidio a los grandes agricultores, eliminando de los beneficios a los que no lo necesitan y concentrando los precios de garantía entre los pequeños productores, con un límite claro y enfatizando que se repercuta el beneficio al consumidor. La intención, destacó Ignacio Ovalle, es “combinar la mano invisible del mercado con la mano visible del estado”, ahí donde se justifique.
Todos los países ‒Estados Unidos, Francia, Italia, España, Japón, China, India‒ apoyan a su agricultura; lo importante es hacerlo eficazmente dentro de las reglas del juego global. Negar el mercado es una tontería; pero dejar todo al mercado es una perversidad en el actual entorno global si se pretende combatir la pobreza, generar empleos y garantizar las necesidades básicas alimentarias de los mexicanos. Un sólido sector rural puede ser, además, plataforma interna de ingresos e inversiones productivas
La asistencia técnica al productor de alimentos es un factor crítico en el caso de pequeños y medianos agricultores. Los grandes agricultores comerciales del norte y centro de México pueden competir en un terreno parejo de juego con Estados Unidos y Europa; pero los pequeños que operan en minifundios y constituyen el 80% de las unidades, están constituidos por familias campesinas que operan en condiciones difíciles, casi siempre en tierras de temporal, con bajos rendimientos y que tienen que complementar sus ingresos por otros medios.
Hoy la tecnología agropecuaria de producción y conservación de alimentos, así también la digital-informática y de comunicaciones, están permitiendo en países asiáticos como India y Vietnam, y en africanos como Kenia y Sudáfrica, experiencias exitosas de pequeña producción y comercialización en red, que pueden emularse en México.
Coincidimos los asistentes en que la tarea por delante no será fácil. Son varias décadas de abandono del pequeño agricultor a su suerte y de falta de financiamiento rural. Se requieren presupuestos ampliados. Pero sobre todo hay que reconstruir el tejido productivo y social que se encuentra muy lastimado; fortalecer la infraestructura física e institucional olvidadas y echar a andar una nueva estrategia financiera y un espíritu renovado empresarial campesino, de la mano con la Secretaría de Agricultura, evitando que el gran comercializador abuse de la fragilidad del pequeño productor y capture los beneficios de los nuevos programas. Se busca activar y beneficiar prioritariamente con precios de garantía y sistemas de acopio, a la población indígena que vive en pobreza y a la que habita en zonas de inseguridad, combatiendo prácticas ancestrales de colusión y corrupción.
Ciertamente lo que está haciendo el equipo de Ovalle, capitalizando experiencias públicas y privadas en pro de la seguridad alimentaria mexicana, fue música para nuestros oídos: un muy promisorio ejemplo de que lo que sí puede hacerse cuando hay capacidades y funcionarios probos, con conocimiento del tema y responsabilidad y creatividad social. Ojalá y tengan el respaldo suficiente y se multipliquen casos como estos.