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Extinción de dominio y piratería, ¿qué tan grave es?

Piratería en México.

Mauricio Jalife Daher


Encerrado en un Círculo

Ilustración: El Universal.

viernes 20 de septiembre de 2019

Ha sorprendido a muchos la energía con la que se está legislando para combatir formas particulares de corrupción que a lo largo de varias décadas se han creado y han crecido, hasta convertirse, en muchos casos, en el sistema que gobierna principios y roles en áreas completas de la actividad económica del país. Muchas de ellas ya no se cuestionan, se han transformado en norma y normalidad.

En unos cuantos meses, hemos visto reformas sustanciales para mejorar la recaudación fiscal definiendo como delincuencia organizada el empleo de empresas de papel que absorben y evaden las cargas impositivas de empresas rentables, facturando servicios o productos inexistentes. Las llamadas “factureras”, convertidas en un cáncer que debe ser erradicado sin dudas ni vacilaciones.

La reforma sustancial a la figura de la extinción de dominio da cuenta, también, de este afán por dotar al Estado mexicano de herramientas poderosas –incluso unilaterales e inconstitucionales– para recuperar bienes que, a su juicio, sean producto de delitos de alto impacto, a fin de que ni los delincuentes, ni sus familias, puedan gozar de los frutos de actividades criminales.

Factureras.

Ilustración: Víctor Solís.

En el mismo contexto, la iniciativa de reforma a la legislación orientada a normar la responsabilidad de servidores públicos, pretende llevar hasta 10 años la restricción para que un funcionario público pueda contratarse con la iniciativa privada en el área de actividad en la que prestó sus servicios al Estado.

Pasado el exordio, procedo al tema que hoy me ocupa sobre los efectos de la piratería en nuestro país y la urgencia de combatirla con la misma energía y tenacidad que otros delitos mayores. De los efectos colaterales de este gran grupo de ilícitos se ha hablado por décadas, no sólo en sus consecuencias directas en la salud y el patrimonio de los consumidores (muchas veces cómplices del delito), sino en la economía formal y en el tejido social. La distribución de productos piratas, robados, adulterados y contrabandeados conforma una red de venta al menudeo cuya vocación está dada en la circulación de mercancías que ofrecen ventajas competitivas de origen ilícito, frente a las originales.

Todos esos aspectos y elementos ya los conocemos, de hecho, desde hace años. La mala noticia es la ausencia notable de estrategias y recursos para estudiarla, combatirla o reducirla. La otra más mala noticia es que el nuevo sistema penal acusatorio, para esta clase de ilícitos, no solo no abona en su reducción, sino que empieza a mostrar claras desventajas frente al sistema tradicional.

piratería.

Ilustración: El País.

Una primera consideración que es necesario sopesar, determina que no se consumen productos pirata únicamente porque sean más baratos; el precio sólo es una variable relevante en algunos consumidores, en ciertos contextos. Este enfoque arroja luces interesantes acerca de los incentivos que mueven la conducta detrás de la compra de productos de este tipo. Es claro que algunas de las notas que pueden explicar la decisión de comprar productos pirata pasa por la ubicuidad de bienes que, comerciados en puestos ambulantes, salen al paso de los clientes repetidamente en las calles de nuestras ciudades; otro factor es la clara ausencia de una percepción de actuar ilegal al adquirirlos, esto es, el comprador sabe que un producto es ilegal, pero no tiene un mecanismo moral inhibitorio que sí se dispara en otros delitos; otro factor relevante es el abrumador efecto aspiracional que ciertas marcas y productos generan en amplios sectores de la sociedad.

Tal como lo señalan diversos estudios a nivel internacional, es necesario elevar sustancialmente los costos de adquirir piratería mediante el monitoreo de las autoridades, una aplicación rigurosa de la ley y la mejora de las lagunas regulatorias que permiten la fácil comercialización nacional y transfronteriza de estos productos.

Es indispensable escapar de la tentación de justificar la piratería, y otras formas de comercio ilícito, con la falacia del escape laboral que estas actividades brindan a amplios sectores de la población. Debemos pensar que cada puesto de trabajo, en el lado marginal, es una plaza cancelada del bando legal que tendría mejores condiciones de trabajo, seguridad social, pago de impuestos y estabilidad laboral. Cada vez que se logra desarticular una actividad de producción de productos piratas, se constata la explotación brutal de sectores vulnerables de la población.

Narcomenudeo.

Ilustración: El Universal.

La piratería va mucho más allá de, simplemente, vender bienes falsificados en la vía pública, con toda la corrupción que ello requiere para operar desde lo clandestino y lo ilícito. La piratería es la puerta de entrada al narcomenudeo y a otras formas de delincuencia organizada de alto impacto. La pregunta es simple: ¿procederá la extinción de dominio en contra de quienes han construido patrimonios cuantiosos falsificando productos, incluso a costa de la salud de los consumidores?

Resulta urgente dimensionar la relevancia del fenómeno, diseñando la legislación e instrumentos de política pública necesarios para contrarrestarlo de manera real y definitiva. En el estado actual de cosas, los instrumentos jurídicos para la lucha contra estas formas de competencia desleal están dispersos en más de 20 leyes contradictorias y obsoletas.  En este orden de ideas, debe difundirse la idea de que las violaciones a la propiedad intelectual son delitos graves de alto riesgo, pues estos afectan el proceso de generación de valor, a las empresas, a los consumidores, a las finanzas públicas y, de muchas maneras, a toda la sociedad mexicana.

En la construcción de nuevas bases morales para esta sociedad, a través de la legislación que moldea la realidad, es menester construir un piso parejo y obligarnos todos, sin diferencias ni justificaciones, a cumplir puntualmente con la ley.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

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Sobre Mauricio Jalife Daher

Mauricio Jalife Daher
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, Catedrático de la materia en la Universidad Panamericana, IPIDEC, ITAM, TEC de Monterrey y UNAM; socio fundador de Jalife-Caballero, firma especializada en Marcas y Derechos de Autor desde hace 28 años, autor de 6 libros y más de 300 artículos, Árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, columnista de El Financiero desde 1992, Mundo Ejecutivo, Pymes y diversas revistas de México y el extranjero. Mentor Endeavor y consejero editorial de la revista Mundo del Abogado.