El control por mafias y carteles, de territorios, recursos energéticos, minerales y agropecuarios, rutas, transporte, mercado, telecomunicaciones y finanzas representa el mayor desafío al poder del Estado. Ése es el retrato del crimen trasnacional que impide el desarrollo regional, destruye el tejido social y oxigena la violencia. Por su dimensión transfronteriza debido a la presencia de actores externos y locales, urge analizar ese fenómeno desde una mirada geopolítica.
Esa visión del fenómeno en América Latina y el Caribe (ALC) revelará la esencia subversiva de las organizaciones que minan el aparato de seguridad al permear instituciones y neutralizar jueces y fiscales. También definirá roles, intereses y lógica de la operación criminal. Finalmente, traducir ese mapa geopolítico del crimen trasnacional en inteligencia procesada permitirá combatir el flagelo al abandonar el fallido enfoque militarista impuesto por Estados Unidos a la región hace décadas.
El narcotráfico, caso paradigmático de crimen trasnacional, es un negocio que reporta a las mafias hasta 2 mil millones de dólares anuales –casi 3.5 por ciento del PIB mundial‒, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC).
El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Costos del crimen y de la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en ALC” de noviembre de 2016, indica que en promedio ese delito cuesta 3 por ciento del PIB regional –unos 115 mil millones de dólares‒. A ello se suman ingresos por falsificación de documentos, trata de personas, contrabando y trasiego de armas, que totalizan más de un billón (millón de millones) de dólares, estima Global Financial Integrity.
¿Cómo es que ALC llegó a esta situación si sólo entre 2004 y 2014, la región tuvo significativos logros socioeconómicos? Tanto así que la ONU reconoció que desde 2008 Ecuador, Bolivia y Venezuela habían alcanzado el Objetivo del Milenio –a cumplirse en 2015–, de reducir a la mitad la proporción de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día. A la vez, Brasil y Argentina repuntaban en ingresos por exportaciones.
No obstante, en ese período también escaló la criminalidad con una tasa de homicidios de 24 por 100 mil habitantes (4 veces la media mundial) de los que sólo se resuelve 10 por ciento. Para la doctora en Derecho de la madrileña Universidad Rey Juan Carlos, Sagrario Morán Blanco, tras esa escalada criminal están la reducción de restricciones comerciales y financieras así como la modernización de las telecomunicaciones.
Las mafias, al trasnacionalizarse, trazaron una nueva geografía de los poderes económico-políticos, al tiempo que crearon un nuevo orden jerárquico y un entramado financiero. Por tanto, son actores dotados de voluntad, autonomía y capacidad internacional, apunta el doctor en ciencia política Miguel Ángel Barrios.
Con ese potencial los carteles en México y Brasil, las “maras” en El Salvador, y las temibles Bacrim (bandas criminales paramilitares colombianas), entre otros, aspiran a consumar la Captura del Estado (CdE). Ese proceso lo explica así el Banco Mundial: “es la acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado que influyen en la emisión de leyes, reglamentos y políticas de gobierno, en su beneficio como resultado de actos ilícitos y no transparentes de beneficios privados otorgados a funcionarios públicos”. Es decir: es un tipo de corrupción que sobrepasa lo económico pues tiene implicaciones políticas, sociales e incluso éticas.
Entender la violencia criminal pasa por investigar los ángulos multidisciplinarios de ese fenómeno multinacional. Para comprender la poderosa ingeniería criminal en México y nuestra región, es imprescindible el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), único think-tank latinoamericano que agrupa a académicos, investigadores, analistas y expertos en ese ámbito.
En sus 16 análisis el Atlas plantea cuestiones como: ¿Qué tanto se modificará la cooperación con Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump? A su vez, los autores del tema sobre la seguridad pública concluyen que, tras el gran presupuesto para profesionalizar y modernizar a las policías, “hubo simulación, corrupción y desvío de recursos”. En su aporte el representante en nuestro país de la ONUDC, Antonio Luigi Mazzitelli, compara a las mafias italianas y las organizaciones criminales de México con una interesante metodología de cinco variables: social, institucional, económica, ideológica-cultural y regulatoria.
En cuanto a las reformas para combatir el lavado de dinero, el análisis respectivo apunta que sin una verdadera reforma que combata la corrupción y aplique castigos reales a funcionarios, “ese esfuerzo es estéril”. También son imperdibles los cinco estudios de caso donde el crimen trasnacional se expresa en gran violencia: Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Jalisco. Finalmente, esta publicación ofrece un inédito y documentado Anexo Estadístico que incluye la Cartografía de la Seguridad. Es digno de celebrar este esfuerzo para conocer el crimen organizado trasnacional en nuestras propias coordenadas.