Desde hace meses, las ciudades de la frontera entre México y Guatemala experimentan grandes cambios. En primer lugar, la migración que cruza por la región se ha incrementado y diversificado. Además de centroamericanos, personas que provienen de países caribeños, africanos y algunos sudamericanos se han sumado a la cruzada humanitaria que les significa buscar una mejor calidad de vida. En Tapachula, por ejemplo, las autoridades mexicanas migratorias llevan meses rebasadas. Prácticamente todos los migrantes aspiran a llegar a Estados Unidos. En segundo lugar y, por si fuera poco, una nueva militarización de la zona abona a esos cambios. Para los migrantes, transitar por México ya era un mal (pésimo) necesario. Ahora el panorama les pinta peor.
El pasado lunes, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó que alrededor de veintiséis mil elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas habían sido desplegados en las fronteras norte y sur. La medida forma parte de la estrategia que sigue el gobierno federal mexicano para frenar la migración hacia Estados Unidos. No es otra cosa que ondas de choque, resultado de las negociaciones entre ambos países llevadas a cabo hace algunas semanas en Washington. En total, detalló el funcionario, quince mil elementos fueron apostados en la frontera norte. Los restantes, alrededor de diez mil quinientos, se encuentran repartidos entre la frontera sur y el Istmo de Tehuantepec. De ellos, según la información presentada por la SEDENA, dos mil son los elementos apostados concretamente en la frontera sur.
Hace algunos meses, en octubre del año pasado, Donald Trump ordenó el despliegue de cinco mil efectivos estadounidenses a lo largo de la frontera con México. Lo llamó la “Operación Patriota Fiel”. El objetivo era frenar la primera caravana de migrantes que saliera desde Centroamérica. La medida fue ampliamente criticada no sólo por los riesgos para en los derechos humanos de miembros de la caravana. También se criticó que el ejército no podía interferir en asuntos migratorios, además del alto costo económico y logístico que suponía un despliegue de esta naturaleza y con esos objetivos. En aquel momento como ahora, la coyuntura estaba fuertemente influenciada por el contexto electoral. En ese entonces eran las elecciones legislativas de medio mandato; ahora, el presidente de Estados Unidos no pierde de vista su posible reelección.
A propósito de aquel despliegue, Trump le dijo a un periodista: “Cuando la gente se entere de qué está pasando [del lado estadounidense de la frontera para frenar la migración], verás que mucha menos gente vendrá”. La medida era, sin embargo, mucho más agresiva que disuasiva. Ocho meses después, el gobierno mexicano despliega cinco veces más efectivos que lo que hiciera el estadounidense en primer lugar, para hacer exactamente el mismo trabajo, y de paso ahorrarle todos los costos al gobierno de Trump: el humanitario, el jurídico, el económico y el político. México está convirtiéndose en algo más que el muro. Las expectativas nerviosas están puestas en el vencimiento del plazo acordado para evaluar la estrategia entre ambos países. De no haber resultados, volverá a la mesa la amenaza de aranceles. Lo peor es que nadie sabe a ciencia cierta cómo se medirán esos resultados, y tampoco parece viable que un escenario de “éxito” permita, después, relajar las medidas.
La presidencia de Trump por un lado y de López Obrador por el otro, supuso una pequeña ventana histórica de oportunidad para que México diera pasos de autodeterminación respecto a su vecino del norte. El agresivo discurso de Trump que provocaba relativo distanciamiento, combinado con el discurso de cambio y la Cuarta Transformación encabezado por el presidente mexicano, daba signos que podían combinar una propuesta interesante de política exterior en temas significativos de seguridad. Hoy, ese escenario se ve profundamente lejano. La economía mexicana está condicionada (como siempre) y amenazada (como pocas veces) por un asunto de interés puramente estadounidense. A cambio, la Guardia Nacional ha dejado de ser la institución que, prometían, sería el garante de la reducción de la violencia, para convertirse en la primera línea de detención de migrantes de Estados Unidos. ¿Habrá un plan B?