Estas mujeres, que dijeron ser auxiliares de la organización “Podemos Juntos”, presentaron firmas falsas e hicieron uso ilegal del Registro Federal de Electores.
Dos mujeres que se declararon culpables por falsificar firmas de apoyos para candidatos independientes recibirán una multa de menos de dos mil pesos, luego de que concluyera una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Este tipo de irregularidades fueron denunciadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) desde el pasado 1 de febrero, cuando denunció públicamente que 23 aspirantes independientes a diputados federales falsificaron las firmas que necesitaban para obtener su registro.
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Autoridades detienen a dos mujeres, integrantes del colectivo ‘Podemos Juntos’, por haber presentado firmas falsas para candidatos independientes #EnPunto Mira la nota completa https://t.co/Y0sJISG2iz pic.twitter.com/wkMQztffdH
— NMás (@nmas) May 18, 2018
La investigación posterior realizada por la Fepade llevó a la detención de dos mujeres, quienes se identificaron como integrantes del colectivo “Podemos Juntos”, organización a la que pertenecen 14 de los aspirantes denunciados, destaca el noticiero En Punto, de Televisa.
Estas mujeres, que dijeron ser auxiliares de Podemos Juntos, presentaron firmas falsas e hicieron uso ilegal del Registro Federal de Electores.
“El juez admitió el auto de vinculación a proceso porque encontraba los indicios constitutivos de un delito electoral (…) Reconocen el ilícito y por ser primodelincuentes y no representar un peligro social, deciden ponerles una pena mínima económica y trabajo de carácter comunitario”, explicó Héctor Díaz Santana, fiscal de la Fepade.
El medio citado destaca que, sin previo aviso, el Poder Judicial de la Federación cambió a la juez del caso, quien en una sólo audiencia celebrada el pasado 15 de mayo, resolvió fijarles multas por 916 y mil 833 pesos, además de obligarlas a presentarse en un programa de prevención de delitos electorales.
INE busca impugnar
Tras darse a conocer esta resolución, el INE y la Fepade anunciaron que buscarán impugnar la decisión, y buscarán obtener la pena máxima que es de entre 3 y 10 años de prisión, además de que señalaron que buscarán que no ocurran situaciones parecidas con el resto de los casos que se investigan.
Al respecto, Héctor Díaz Santana, fiscal de la Fepade, señaló que “No existe un tipo penal por presentar firmas alteradas. Yo creo que en el futuro inmediato será uno de los temas a atender en procesos legislativos”.