Amparo #YoContribuyente

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo identificado en redes sociales como #YoContribuyente, que un grupo de ciudadanos promovimos en contra de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, que perdonó deudas fiscales de varios años a cargo de estados y municipios provenientes del ISR retenido a sus trabajadores.

En nuestra opinión, la inconstitucionalidad de dicha ley es manifiesta. En efecto, los contribuyentes pagamos impuestos sólo en razón de que se destinan a un gasto público que cumpla objetivos constitucionales, como educación, seguridad pública, salud, seguridad social y protección del medio ambiente,[starlist][/starlist] entre otros, y respete los principios de ‘eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados’, como lo exige el artículo 134 de la Constitución Federal.

Por lo tanto, cuando nuestros impuestos son utilizados para fondear la prerrogativa otorgada a los estados y municipios incumplidos, el gasto público pierde su racionalidad constitucional y se desnaturaliza, lo cual en este caso se agravó por el hecho de que el perdón concedido carece de justificación alguna y porque les permitió apropiarse, con la complicidad del Congreso de la Unión, de una parte del sueldo de los trabajadores.

Una paradoja adicional es que los funcionarios locales quedaron eximidos de rendir cuentas de ese dinero, se les permitió ocultar en qué lo gastaron, libraron toda fiscalización y, asimismo, están a salvo de cualquier responsabilidad legal, incluso penal. Se trata de un esquema de impunidad que sólo la Suprema Corte de Justicia puede anular, y que contrasta con lo que sucede a los ciudadanos, que en el mejor escenario aparecemos en las listas ‘negras’ del SAT y, en el peor de los casos, se nos acusa de defraudación fiscal.

Al día de hoy, los contribuyentes ignoramos por qué se perdonaron los adeudos fiscales, pues esa información se maneja por la Secretaría de Hacienda como ‘secreto de Estado’, no obstante las reiteradas órdenes emitidas por el IFAI sobre el particular. Por ello, los ciudadanos desconocemos qué estados y municipios se han beneficiado con esa prerrogativa, a cuánto asciende el monto de la condonación y cuál es su impacto (negativo) en las finanzas públicas federales. Tampoco sabemos el alcance de los perjuicios en nuestra contra, pues es indudable que el ‘boquete’ ocasionado por ese motivo en la recaudación federal, repercutirá a los demás contribuyentes. Muestra de esto es la reforma fiscal de 2014 con el aumento de impuestos.

El objetivo de nuestro amparo es que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del 2013, para los siguientes efectos:

• Obligar a que el gasto público se destine al cumplimento de fines constitucionales y conforme a los principios de ‘eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados’.

• Obligar al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda a que expliquen, en términos de ‘política pública’, por qué perdonaron a los estados y municipios sus adeudos fiscales, y pongan a disposición pública la totalidad de la información relacionada con este tema.

En #YoContribuyente, por consiguiente, no se pretende que el beneficio concedido a los estados y municipios se extienda a quienes firmamos la demanda de amparo. No buscamos el perdón de impuestos a nuestro cargo ni algún otro privilegio. Nuestra intención tampoco es desestabilizar las finanzas públicas del país, sobre todo de los estados y municipios, varios de los cuales se encuentran en situación de quiebra técnica.

Por primera vez en la historia moderna de México, la Suprema Corte de Justicia afronta la disyuntiva de defender los derechos de los contribuyentes, o de proteger la impunidad que destruye los cimientos de múltiples áreas funcionales y estratégicas del Estado. La trascendencia de la sentencia que se emita en el amparo, de ser favorable, será grande, pues posibilitará que en casos futuros los contribuyentes podamos cuestionar el despilfarro, la opacidad y la corrupción en el gasto público. Este miércoles se definirán esas expectativas.