Dando por buena la posibilidad de solventar el gasto público sin aumentar impuestos ni el endeudamiento del país, sino mejorando la recaudación y elevando la extracción de petróleo con participación privada, es momento de concentrar la discusión sobre el paquete económico 2020 en la disminución del gasto en inversión física y en fomento productivo que propone la Secretaría de Hacienda.
El paquete privilegia el gasto social, pero hacerle llegar más dinero a los pobres sin el acompañamiento de inversiones y apoyos a sus actividades productivas, reduce todo a acciones meramente asistencialistas.
Ése es el claro riesgo que se corre en el sector rural.
Los programas de impacto productivo que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) tendrían, si los diputados no cambian la propuesta, una reducción presupuestal de 29.3 por ciento con respecto a los 65,434.9 millones de pesos de este año.
Desaparecerían 20 programas y otros quedarían en la inopia; con seguridad, esos programas han favorecido a las grandes unidades agropecuarias y se han usado para atraer clientelas políticas; sin duda hay que rediseñarlos, pero no desparecerlos porque el apoyo de gobierno es indispensable para el desarrollo tecnológico agrícola y su difusión, para el mejoramiento de suelos y del uso del agua, para el acceso de los campesinos pobres al financiamiento, y para mucho más.
¿Cómo espera el gobierno que Segalmex, el organismo responsable de “impulsar la productividad y contribuir al logro de la autosuficiencia alimentaria (en maíz, arroz, trigo panificable, frijol y leche fresca) a través del apoyo a pequeños y medianos productores”, tenga éxito con sólo llevar un poco más dinero a los pequeños productores?
El apoyo a los pequeños y medianos productores a que se alude, son los precios de garantía por encima de los de mercado, pagaderos solamente a campesinos en pequeño, y la entrega a los mismos de 1,600 pesos por hectárea.
Por ejemplo, campesinos que cultivan hasta 5 hectáreas de maíz, en temporal, apenas cosechan entre 1 y dos toneladas al año; si las venden por mediación de Segalmex, reciben 5,610 pesos por tonelada, en vez de los 3,400 a 3,800 pesos que paga el mercado; también se les entregan 1,600 pesos por hectárea que cultiven.
En el óptimo de los casos –dos toneladas y cinco hectáreas– la familia rural recibe 28 mil pesos de subsidio al año.
Esos subsidios elevan el ingreso de quienes ofrecen algo de su escasa producción a la venta, pero sin crédito, ni canales permanentes de comercialización, ni otros servicios e infraestructura necesarios, no pueden servir para mejorar las prácticas productivas, además de que en la pobreza hay urgencias, como mejorar la compra de alimentos en el mercado o pagar deudas con los agiotistas, o hacerle mejoras a su casa.
Es demasiado suponer que la elevación subsidiada de sus escasos ingresos la aplicarán los campesinos a rehabilitar suelos, canalizar el agua, a comprar semillas certificadas y agroquímicos en fórmulas adecuadas a cada región.
Si de lo que se trata es de aprovechar el potencial de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias para elevar la seguridad alimentaria del país, según la declaración de la política rural, el gobierno federal y los estatales tienen que hacerse cargo de acciones de impacto productivo que el presupuesto 2020 no contempla.
