Hacen buena pareja el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a juzgar por sus decisiones en el balance del paquete económico 2020, entre la reorientación del gasto hacia programas sociales y las medidas concretas para fortalecer la hacienda pública.
La perspectiva del presidente es hacer valer objetivos sociales y políticos con una fuerte carga moral, que por necesidad genera tensiones en la racionalidad del lucro –fría, carente de ética– que mueve a la economía.
El equilibrio entre objetivos sociales y económicos dinamiza el progreso al que alude López Obrador, y mucho depende del dinero con que cuente el fisco para solventar, tanto los programas de mejoría de los más pobres, como las inversiones que fomenten el crecimiento económico.
La gran duda que ha generado el paquete económico presentado el domingo pasado, es que con un crecimiento de máximo 2 por ciento del PIB, no le alcance el dinero al gobierno y rompa el equilibrio macroeconómico, con la consabida crisis de devaluación, inflación y estancamiento.
Esa es, desafortunadamente, la perspectiva con la que se conducen desde hace meses algunos bancos y fondos de inversión que instan a sus clientes (me consta) a dejar sus ahorros en pesos y convertirlos a dólares.
La apuesta del gobierno para cubrir el gasto e inversión pública del próximo año me parece razonable; básicamente, consiste en solventar el presupuesto sin elevar los impuestos, pero sí la recaudación, y elevar la extracción de petróleo, sumando además, la que hagan las empresas privadas.
Ambas líneas de acción tienen potencial para ofrecer buenos resultados. Es muy sabido que en México sólo los asalariados cautivos pagan lo que deben en contribuciones al fisco y que muchas empresas evaden o eluden lo que les corresponde pagar, recurriendo inclusive a la corrupción.
El senador Samuel García, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ha calculado que “la tasa de evasión fiscal en México representó 2.6 por ciento del PIB en el 2016, lo que significó que el gobierno no recaudó alrededor de 510 mil millones de pesos”.
Es mucho dinero, gran parte del cual se puede recuperar rápidamente si se desarticula la red que de acuerdo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se está investigando, y que se presume, funcionaba desde la consejería jurídica de Peña Nieto para perdonar adeudos fiscales a quien pagara por el favor. Hace un par de semanas que Nieto hizo esas revelaciones al equipo de investigación de Carmen Aristegui, y no ha tenido el eco que merecen.
La organización Oxfam, por su parte, asegura que en México “durante el periodo 2013-2015, las empresas evadieron en promedio 244 mil 664 millones de pesos anuales, lo que representa un 39.63% de la recaudación potencial del Impuesto Sobre la Renta.
El caso es que hay mucha tela de donde cortar en materia de evasión y elusión de contribuciones fiscales, y que esa es una estrategia con muchas posibilidades de rendir buenas cuentas.
En el cálculo del aumento de 13 por ciento de la producción petrolera no se considera solamente la plataforma de Pemex –que ya dejó de caer para empezar a crecer– sino también del petróleo crudo que se extrae conforme a 12 contratos vigentes con empresas nacionales y extranjeras, y sobre todo, con la serie de licitaciones de contratos con el sector privado que iniciará en noviembre. También en este aspecto puede haber buenos resultados.
Si se dan por buenos el compromiso con la disciplina fiscal sin aumento de impuestos ni del endeudamiento del país, ni crisis devaluatoria, tanto financieros como empresarios pueden poner mayor atención a otros aspectos del paquete, como la disminución del gasto en inversión física y del gasto en capital.