El 20.2% de las empresas considera que el marco regulatorio ( normas, trámites, solicitudes e inspecciones) representa un obstáculo para conseguir sus objetivos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que los actos de corrupción generan a las empresas costos de mil 600 millones de pesos al año.

La primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas realizada por el INEGI indicó que durante el 2016, el costo promedio de la corrupción por empresa fue de 12 mil 243 pesos. En tanto que en el caso de las empresas medianas, esta cifra llegó a 84 mil 806 pesos y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos.

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“En el 64.6% de las unidades económicas se considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites; en 39.4 por ciento se señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7 por ciento se originan por la obtención de licencias o permisos”, detalló el INEGI en un comunicado citado por Sin Embargo.

El reporte también mostró que cada empresa realizó un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica, un total de 76.5 millones.

Adicionalmente, la encuesta del INEGI encontró que 20.2% considera que el marco regulatorio (entendido como las normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos según su actividad) representa un obstáculo para conseguir sus objetivos.

Según el estudio, durante 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, lo que representa un promedio anual de 19.5 trámites por unidad económica.

En promedio, en cada unidad económica del sector privado se gastó 48 mil 871 pesos por cargas administrativas, y en el 50.9% de ellas se consideró que las cargas administrativas de 2016 fueron igual o más pesadas que las del año anterior.

Ante estas cifras, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, manifestó en conferencia de prensa que en el próximo período ordinario de sesiones, los legisladores tendrán que trabajar en la Ley Secundaria en materia de Mejora Regulatoria, en donde será importante trabajar en un catálogo nacional de trámites y regulaciones para cerrar cualquier tipo de posibilidad a acota de corrupción, destaca Radio Fórmula.