Fitch Asigna la Calificación de AA+(mex)vra a un Crédito Contratado por el Estado de Guerrero.
Ciudad de México.- La calificadora crediticia Fitch Ratings mejoró a la calidad crediticia del estado de Guerrero, elevándola a “AA+(mex)vra”, respecto a un crédito bancario que contrató en 2013 por 890 millones de pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), debido a la fortaleza jurídico-financiera de la estructura que respalda el pago de su servicio de deuda que ha mostrado una evolución satisfactoria.
La agencia internacional de doble sede en Nueva York y Londres, señaló que el accionar positivo se debe en gran medida a la certidumbre del activo utilizado como fuente de pago (Fondo General de Participaciones, FGP), y a la constitución y permanencia de un fondo de reserva de intereses y principal, que mitiga posibles riesgos de liquidez.
Fitch Ratings agregó que aunado a lo anterior están tanto la tasa fija presente durante toda la vigencia del crédito que anula riesgos de mercado como las sólidas coberturas financieras sobre el servicio de la deuda obtenidas bajo una proyección de escenarios adversos y finalmente. la calificación a la calidad crediticia del Estado de Guerrero ubicada en A-(mex); en este sentido de acuerdo con la metodología de Fitch, cambios en la calidad crediticia del Estado pudieran afectar la calificación del préstamo en la misma dirección.
Añadió que el activo fuente de pago del crédito será el FGP que le corresponde al Estado de Guerrero. Para esto, se asignó el 9.3% del total de las participaciones previamente afectadas al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. 311 constituido con Banco JP Morgan, S.A. y administrado por The Bank of New York Mellon.
La calificadora considera que los márgenes de seguridad sobre el servicio de la deuda están adecuadamente respaldados por las Participaciones Federales. Fitch realizó también un análisis jurídico de la documentación relacionada con el financiamiento apoyado de un despacho legal externo de reconocido prestigio, donde se concluyó que las obligaciones que contienen dichos documentos son válidas y exigibles al Estado de acuerdo al marco regulatorio.