Siguen subiendo y esto ha sido una constante al menos desde enero del año pasado, pero dada la situación actual y las condiciones del entorno económico, ¿qué es lo recomendable, fijar los precios de los energéticos o que sigan subiendo?
Ciudad de México.- La situación es complicada ya que el alza sobre todo del gas, las gasolinas y el diésel, que son básicos para cualquier actividad comercial, ha propiciado también un descontrol en los niveles de inflación, por lo que en esa misma aumentan las posibilidades de que el nuevo gobierno se sienta tentado a fijar los precios de los energéticos.
Sin embargo, para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), esta sería una medida equivocada y más allá de que pueda colabora a mejorar las condiciones generales de la población, solo beneficia a los sectores con mayor poder adquisitivo.
“La regresividad de los subsidios generalizados va en contra de cualquier beneficio de la población que más lo requiere, además de que contribuye directamente a elevar el déficit de las cuentas públicas”, asegura este organismo.
Y peor aún con estas “políticas asistencialistas sustentadas en controles de precios simplemente contribuyen a perpetuar la pobreza”, dice este organismo del el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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La inflación sigue subiendo
A pesar de que la inflación en el país registró un crecimiento mensual en septiembre de 0.42 por ciento, con lo que acumuló una tasa anual de 5.02 por ciento, su mayor nivel desde abril pasado, el CEESP mantiene su postura de no intervención de los precios por parte del gobierno.
Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre los bienes y servicios con mayores alzas porcentuales en septiembre destacan los energéticos, como el gas doméstico LP con 5.30 por ciento y la gasolina magna con 1.47 por ciento.
“Evidentemente el entorno es complejo”, dice el análisis del CEESP, pero asegura que es el Banco de México (Banxico) el que “tendrá la responsabilidad de vigilar de cerca el comportamiento de la inflación para instrumentar las medidas necesarias para proteger el poder adquisitivo de la moneda”.
Mientras que el gobierno “deberá dirigir su responsabilidad rectora a generar un ambiente propicio para que la economía funcione de tal manera que el beneficio sea generalizado, evitando privilegiar a los grupos de mayores ingresos en el país”, asegura el organismo privado en declaraciones que retoma El Financiero.
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Los costos de intervenir los precios
Además de todo esto, el CEESP asegura que las políticas intervencionistas para controlar los precios de los energéticos son muy costosa para las finanzas públicas y la población en general, ya que no son sostenibles a largo plazo y cuando se eliminan, provocan choques alcista desproporcionados.
“La experiencia muestra que en el caso de los subsidios a la gasolina y al diésel, el costo para el gobierno durante los años 2007 al 2014 fue de 871 mil millones de pesos”, asegura.
Pero el problema mayor radica en que “benefició sobre todo a quienes menos lo necesitaban, ya que son aquellos grupos que tienen una mayor capacidad de consumo quienes se vieron beneficiados por la adquisición de bienes a precios menores”, dice el CEESP.
Y además como ya se comprobó, “no hay manera de seguir financiando este tipo de políticas” y una vez que se decide eliminarlas, “redunda en un agresivo ajuste de precios al nivelarse a las condiciones del mercado, afectando severamente el poder adquisitivo de los hogares”, concluye el órgano empresarial.
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