El nuevo gobierno tiene al menos cuatro grandes obras por desarrollar, pero la participación de las empresas será fundamental en estos proyectos de infraestructura, ya que solo a través de asociaciones público privadas se podrán llevar a cabo.
Ciudad de México.- Luego de la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se generó un entorno de incertidumbre y malestar en el sector empresarial, pero al parecer las cosas han mejorado.
Sobre todo porque el próximo presidente ya les garantizó a las empresas afectadas que recibirán todos los pagos correspondientes de acuerdo a la ley, algo que ha sido visto como una señal muy positiva por diversos sectores y que abre la puerta para que la iniciativa privada siga invirtiendo en nuevos proyectos de infraestructura.
“Estaremos pendientes de los procesos que se anuncien para la construcción de Santa Lucía”, dijo Alberto Pérez Jácome, director de Grupo Hermes Infraestructura, uno de los contratistas afectados por la cancelación de obra en Texcoco.
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Inyección de recursos
La reacción positiva de las empresas afectadas a la propuesta de AMLO pone mucha tranquilidad en el ambiente, ya que para el nuevo gobierno será fundamental la participación de los particulares para llevar a cabo Santa Lucía, el Tren Maya, las dos refinerías y el Tren Transístmico, los cuatro grandes proyectos de infraestructura para los próximos seis años.
Incluso el propio Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes ha resaltado la necesidad de la intervención de la iniciativa privada para poder materializar estas obras, ya que el gobierno federal no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo por cuenta propia.
Según Jiménez Espriú, están tratando de incentivar la participación empresarial bajo el modelo de asociaciones público privadas y concesiones, “a fin de que por cada peso público invertido en el sector, los privados aporten 20”.
Esta cifra sería una de las más altas de los últimos gobiernos y rebasaría por mucho lo conseguido en el sexenio que está por terminar, en donde según cifras de El Financiero, “esta proporción superaría los 3.53 pesos que en promedio pusieron los empresarios por cada peso que destinó el Gobierno durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
De otra forma, el Tren Maya que necesita una inversión de 150 mil millones de pesos no sería posible realizar; lo mismo que las dos refinerías, que tendrán un costo aproximado de 6 mil millones de dólares; o el Tren Transístmico, que requiere de una inversión de mil 100 millones de pesos.
Mientras que para el aeropuerto de Santa Lucía todavía no se define en su total el costo del proyecto.
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Asociaciones público privadas
De esta manera, el modelo de asociaciones público privadas son la forma más adecuada para realizar estas obras, tal como lo señala Eduardo de la Peña, socio de Infraestructura de Deloitte, quien considera que es la manera de repartir los gastos y tener recursos suficientes.
“Es necesaria la participación de los privados en infraestructura. El Gobierno no puede cargar con toda la inversión”, aseguró el especialista y agregó que “bajo estos esquemas se libera recursos que puede canalizar hacia proyectos de naturaleza más social”.
Sin embargo, se necesita poner en la mesa las condiciones que busca cada una de las partes y encontrar el punto medio que beneficie al país.
Esto debido a que como señala Eduardo de la Peña, “el sector privado es de los mejores aliados para el nuevo presidente en el impulso de su política social. Sin embargo, los intereses son encontrados, el privado quiere la rentabilidad máxima y el Gobierno el menor costo”.
Las APPs a futuro inmediato deben permitir un amplio espectro de participación de las empresas del exterior en asociación con la iniciativa privada mexicana así como la inserción de organismos públicos como el Instituto Mexicano del Petróleo y la Conafor, por nombrar dos ejemplos. Desde luego la SCT, Pemex y CFE _entre otros_deben tener un rol vital en las APPs