Tras las denuncias recibidas por el gobierno del estado de Querétaro ante el fraude hacia los beneficiarios de la caja de ahorro “30 de agosto”, el legislador Marcos Aguilar Vega presentará una iniciativa ante el Palacio Legislativo para fortalecer la regulación de las instituciones de préstamo.
Ciudad de México.- La caja de ahorro popular “30 de agosto” operaba en el estado de Querétaro con cerca de 10,000 socios, los que manifestaron su preocupación en las principales avenidas del estado tras conocerse que la entidad financiera se había declarado en bancarrota.
La caja de ahorro no contaba con supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ni se encontraba inscrita en el padrón del Fideicomiso del Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. Cuando se presentan este tipo de casos, la CNBV asegura a los participantes de las cajas de ahorro con 25,000 Udis (Unidades de inversión) por cada cuenta, que equivalen a 128,000 pesos, aproximadamente. Sin embargo, al no estar esta caja regulada por dicho organismo, los ahorradores corren un grave riesgo de perder sus recursos, pese a las intenciones de apoyo expresadas por las autoridades.
Ante esto, Aguilar Vega lanzó un exhorto a las autoridades para que en verdad ayuden a aclarar el fraude, y para que se refuerce la ley que regula este tipo de entidades de ahorro y préstamo. Declaró que tiene la intención de reformar la ley financiera en cuanto a las facultades otorgadas a la CNBV para regular todas las cajas populares del país, ya que actualmente sólo puede hacerlo en aquellas que cuentan con un capital social mayor a 250,000 Udis –alrededor de doce millones de pesos-.
“Estoy impulsando una iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones de la legislación financiera para proteger el patrimonio de las familias que intervengan en las cajas de ahorro; particularmente, se trata de reformar diversas disposiciones de la Ley de crédito y ahorro popular, a efecto de fortalecer las facultades de la CNBV para vigilar el funcionamiento de las cajas de ahorro popular”, explicó.
Al hablar de que no se cuenta con los datos de las cajas que no están reguladas, Aguilar indicó que se exigirá una mayor coordinación con los gobiernos estatales de las entidades federativas. Lograr este registro es fundamental, pues actualmente casi seis millones de mexicanos tienen recursos ahorrados en una caja popular, de los cuales 2.2 millones se encuentran en cajas no reguladas por la CNBV.
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