Se sigue reproduciendo la indiferencia hacia quienes desean enmendarse, por lo que los expresidiarios cargan con estigmas que finalmente terminarán en discriminación.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Tras la conferencia de prensa Situación y Retos del Sistema Penitenciario en México y América Latina, presentada por la doctora, Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, se dio a conocer que los principales problemas del sistema penitenciario, son las cárceles sobrepobladas. Seguido de problemáticas como las condiciones de vida indignas, el abuso de la prisión preventiva, la criminalización de la pobreza o la indiferencia social hacia los presos.
Pero lejos del sistema de vigilancia y castigo prevaleciente, un rasgo importante es ver qué se puede hacer para reinsertar a las personas a la sociedad, sobre todo, cuando en sociedades como la nuestra se sigue reproduciendo la indiferencia hacia quienes desean enmendarse, por lo que el expresidiario carga con estigmas que finalmente terminarán en discriminación.
Azaola destaca, en entrevista para elsemanario.com, que hacen falta programas para que cuando las personas salgan de prisión se les puedan dar los apoyos que requieran. Recalcó que en esta administración la Subsecretaría para la Prevención del Delito ha resuelto hacer programas importantes dirigidos a las personas en prisión para apoyar, por ejemplo, a las mujeres y a sus hijos, o a los adolescentes en conflictos con la ley, con miras a ver que es lo que requieren en el momento de su salida. Darles capacitación y herramientas que les sean útiles para poder reinsertarse exitosamente.
En ese mismo tenor, la investigadora dice que tiene que haber un discusión sobre si los antecedentes penales deben ser tomados como requisitos para conseguir un empleo, pues refiere que “es como si nunca acabas de cumplir con la pena; ya la pagaste, ya estuviste en prisión, ya cumpliste tu sentencia, pero aún queda ese antecedente penal y entonces no te dan el trabajo”.
Deben estudiarse los casos en los que debe darse la oportunidad a la gente de que rehaga su vida y que eso no aparezca como antecedentes penales o no se tome en cuenta para sus siguientes empleos, claro “depende del delito”, menciona.
La doctora Azaola también señala que hay muy pocas fundaciones u organizaciones civiles que se dediquen a apoyar a las personas para reinsertarse exitosamente a la sociedad. “Debería haber mucho más interés por parte de la sociedad civil”, acota.
Menores de edad privados de su libertad.
Elena Azaola comenta que el año pasado realizó un estudio sobre menores de edad que “apenas se va a publicar”. El análisis arroja que el año pasado había 16 mil menores que “cometieron algún delito. De esos 16 mil, cinco mil de ellos están privados de su libertad”, es decir, refiere, “once mil cometieron delitos, pero no tan graves”, y a ellos se les dan tratamientos “que se llaman en externación”, o terapias de familia, o de drogas, etc. “Sólo cinco mil están en centros para tratamiento de adolescentes en conflictos con la ley”.
Cárceles en manos de carteles o del crimen organizado.
La investigadora refiere que aunque se sepa qué cárceles están coaccionadas por el crimen organizado, no se hace nada “por falta de voluntad política de las autoridades de los estados”, porque son los estados, argumenta, los que tienen en sus manos la responsabilidad de esas prisiones.
Argumenta que, aunque se tenga conocimiento de ello, dado que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de qué cárceles son”, no han podido o no han querido recuperarlas”.
Por otro lado, la investigadora destacó que la población penitenciaria se ha incrementado debido al endurecimiento de las penas, incremento de delitos considerados graves, duración de los procesos judiciales, abuso de la prisión preventiva y a la falta de medidas alternativas.
En este contexto, México, a nivel mundial, ocupa el sexto lugar en sobrepoblación de cárceles, sólo detrás de Brasil. El país cuenta con 260 mil internos, 95 por ciento son hombres y 5 por ciento son mujeres.
La académica también refirió que los motines, fugas, violencia, drogas, riñas y homicidios, sobresalen en las prisiones de la región. En México, 65% de las prisiones se encuentran en una situación de autogobierno. Cabe destacar que entre 2009 y 2013, más de 1,000 internos se han fugado de las prisiones en México y alrededor de 600 han perdido la vida.
Azaola destacó que lo que hoy ocurre en los centros penitenciarios del país no puede ser visto de manera separada de la puesta en práctica de las políticas criminales. Por ello, considera necesario:
-Realizar un análisis de costo/beneficio de las prisiones en función de los objetivos de la política criminal que establezca el Estado.
-Reducir el uso excesivo y desproporcionado de la pena de prisión.
-Revisar los Códigos Penales para hacer un uso racional y proporcionado de las penas.
-Desarrollar el sistema de salidas alternativas.
-Recuperar el control de las prisiones por parte del Estado
-Incorporar a la legislación penas alternativas al encarcelamiento para aquellos acusados por delitos de drogas menores, entre otras.
“Lo único que es capaz de disuadir a alguien de cometer un delito son los lazos de afecto que unen a esa persona con un determinado conjunto social”, es decir, qué pasará con su familia, sus amigos, etc. Y de ahí la importancia de fortalecer la cohesión social, porque mientras esos lazos sociales se estrechen más, la persona tiene menos posibilidades de delinquir”, refiere la antropóloga.
Como dato a destacar, 59% de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores. 40% de las personas sujetas a prisión preventiva podría estar en libertad.
La doctora Elena Azaola, cuenta con más de 30 maños de experiencia en estudios relacionados con cárceles, criminalidad y la violencia en México.
Por Alberto Cedeño.