El país está inmerso en un proceso de descomposición política y social sin precedente, pues el Estado no tiene una propuesta clara a largo plazo que pueda prevenir la criminalidad y la violencia, ni en política social, laboral, educativa, de salud o de seguridad.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Durante su participación en el simposio Narcodependencia, narcocultura en el hemisferio Occidental: Escenarios heterogéneos de narración y reflexión, organizado por Eusebio Juaristi y Luis Fernando Lara, miembros de El Colegio Nacional, el doctor Gustavo Leyva Martínez, profesor-investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, dejó en claro que la violencia que ha golpeado a México durante los últimos decenios en toda sus formas, misma que se pensaba erradicada por el rancio régimen emanado de la Revolución, ha llevado al país sobre un proceso de descomposición política y social sin precedente que lo ha convertido en un inmenso cementerio.
El filósofo señaló que existen varios “puntos álgidos” en las oleadas de violencia que han impactado al territorio nacional por lo menos en los últimos 45 años.
Las distintas coyunturas.
La primera de ellas se produce con las acciones represivas del movimiento estudiantil de 1968, seguida de la guerra sucia; se debe tomar en cuenta que las dos son estrategias tácticas y acciones situadas al margen de la ley para combatir -por medio de la violencia- a determinados grupos políticos o a individuos en razón de sus convicciones ideológicas o políticas.
La segunda se da en el marco de la represión al movimiento zapatista y de los asesinatos políticos perpetrados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La tercera se ubica en el ascenso incontrolable de la violencia ligada al narcotráfico desde los años setenta y ochenta, pero también a las estrategias diseñadas por los sucesivos gobiernos en turno para enfrentarla.
Características.
Un rasgo común de estas oleadas de violencia es la violación sistemática a los principios elementales del Estado de derecho y a la convivencia democrática, por ejemplo:
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el propio Estado a través del Ejército Federal, la Marina y los cuerpos policíacos, señaló el filosofo.
Otra característica es la persecución política e ilegal en contra de activistas y luchadores sociales; de igual manera, estas pesquisas se dan en contra de periodistas que denuncian las masacres y violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho.
Por último, también deben mencionarse las redes de corrupción establecidas entre el poder político y económico en sus tres niveles además de una impunidad rampante.
Ejemplos de lo anterior, son lugares y fechas del calendario que se han convertido en símbolos de la violencia, el crimen, la corrupción y la ausencia de ley en amplias zonas del territorio nacional, dijo el investigador, quien para ejemplificar lo anterior, citó los casos de:
-Aguas Blancas, Guerrero.
-Acteal, Chiapas.
-San Fernando, Tamaulipas.
-Ayotzinapa, Guerrero.
-Tlatlaya, Estado de México.
-Apatzingan, Michoacán, donde el pasado seis de abril policías federales abrieron fuego en contra de la población civil, asesinando a por lo menos 16 personas.
Leyva Martínez añadió que estos casos delinean la “verdadera geografía del horror” en la que se ha convertido el país en los últimos años, pues a través de ellos se expresan “los puntos álgidos –por desgracia no los únicos-” remarca, “de las oleadas en el marco de una suerte de guerras moleculares” que caracterizan el presente de nuestro país.
El impacto intempestivo de la violencia ha conducido a una situación en la que la violencia social y política parece haberse convertido ya en “un trazo constitutivo” del México de hoy y de su política.
Como resultado de lo anterior, se ha producido un proceso de descomposición en los planos económico, social y político, tanto, que el filósofo menciona que “hoy podríamos hablar de una serie de procesos descivilizatorios que ha tenido lugar en forma discontinua y por ahora localizada en diversos puntos de la geografía del país”.
El país ha sufrido una fractura en el Estado como poder centralizado que detenta el monopolio de la violencia legítima debido al surgimiento y probable consolidación de poderes fácticos regionales de carácter criminal, mismos que funcionan casi como estados paralelos que en algunos casos trabajan junto a las policías municipales.
El académico señaló que frente a este escenario, el Estado no ha tenido una propuesta política clara de largo plazo en términos de política social, laboral, educativa, de salud y de seguridad, que pueda actuar como factor preventivo en contra de la delincuencia, la criminalidad y la violencia que corroe el tejido social del país.
Aunado a lo anterior, el filósofo por la UAM señaló que se insiste en continuar con una política económica que provoca desempleo, marginación y pobreza, agudizando con ello la descomposición social, mientras que al mismo tiempo los índices de corrupción entre las autoridades y la impunidad han alcanzado niveles alarmantes.