¿Qué pidieron familiares de personas desaparecidas a Peña Nieto?

Familiares de personas desaparecidas en Nuevo León exigen investigaciones en torno a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas del país. Buscan que se instale un Banco Nacional de ADN con el propósito de la identificar los cuerpos en fosas clandestinas y en los servicios médicos forenses.

Ciudad de México.-  Luego de que se haya hecho pública la información sobre el hallazgo de fosas clandestinas en varios estados de la República, familiares de personas desaparecidas en Nuevo León, por medio de una misiva, exigen investigaciones en torno a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas del país.

En la carta dirigida al presidente de México, Enrique Peña Nieto, se pide que se haga envío de un equipo especializado para recabar las muestras de ADN necesarias para ser confrontadas con las que, suponen, serán practicadas a los cuerpos encontrados en fosas clandestinas.

Consideran imperante la existencia de un Banco Nacional de ADN con el propósito de la identificar los cuerpos en fosas clandestinas y en los servicios médicos forenses.

Los familiares de personas desaparecidas en Nuevo León comentaron que el Gobierno Federal a su cargo, no ha agilizado la identificación de las mujeres y hombres encontrados en dichas fosas y que los esfuerzos para identificar a los más de 15,000 cadáveres que se encuentran en los servicios médicos forenses de todo el país son nulos.

Es por ello que piden a los gobiernos federal y estatales de toda la República, contar, entre otras peticiones, con una base de datos que ayude a localizar a personas desaparecidas, además de crear un Banco Nacional de Datos de Personas Desaparecidas—con datos reales y fidedignos—que cuente con la participación activa de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las Procuradurías locales.

 Buscan también que se giren instrucciones para que la PGR proporcione todas las facilidades a las familias de personas desaparecidas para que se tomen las muestras de ADN, aún cuando no tengan una denuncia presentada, con el objetivo de lograr las identificaciones.

Pidieron además, que la unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR haga públicos los trabajos que realiza y exigen que dicha unidad cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para realizar sus funciones, con el énfasis en la búsqueda con vida de todos los desaparecidos.

Otra petición que solicitan es informar a la población del descubrimiento y ubicación de cada fosa clandestina en el momento de encontrarse, así como proveer del equipo y personal especializado necesario para realizar las pruebas de ADN de forma permanente en cada PGR.

 Su último plantemiento consistió en solicitar un censo de los internos recluidos en penales estatales y federales, así como en casas de arraigo, para certificar que personas internadas o arraigadas no hayan sido reportadas como desaparecidas.

Sostuvieron que las acciones del presidente de la República no son las asumidas al inicio de su mandato y por ello, “los familiares de personas desaparecidas hemos sido forzados a buscar la información que nos es negada por el Estado Mexicano y a hacer nuestras propias investigaciones para encontrar a nuestros familiares, violando así nuestros Derechos Humanos y los de nuestros familiares”, expresaron.

 Los familiares de los desaparecidos afirmaron por último que no serán sólo observadores ante la magnitud de esta tragedia humanitaria y emplazaron al Gobierno Federal a cumplir sus exigencias.

La misiva fue firmada por diversas asociaciones: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León (FUNDENL), Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Casa del Migrante Casanicolás,  Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Alianza Cívica Nuevo León A.C.,  Arthemisas por la Equidad A.C.,  Centro de Estudios Ecuménicos,  Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Iglesias por la Paz, Propuesta Cívica A.C., Bordando por la Paz, Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (CEPAD).

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