Tras varias movilizaciones, hechos de violencia y la suspensión de la prueba en algunos estados, las autoridades, el gremio magisterial y la ciudadanía están atrapados en la disputa por la aplicación de una evaluación docente que no garantiza dar resultados.
Ciudad de México (elsemanario.com).- En los últimos días, la Ciudad de México y varias entidades del país se han visto afectadas por las manifestaciones del gremio magisterial que se opone a la evaluación de docentes y a la reforma educativa. Incluso las elecciones federales del pasado 2 de julio se vieron afectadas por bloqueos en Oaxaca.
Desde el aparato legislativo, ha crecido la presión por que las autoridades apliquen la ley contra los maestros que se nieguen a ser evaluados, pero la pregunta es ¿está tipificada una sanción para los maestros que no se presenten a la evaluación?
Los diputados que demandan las sanciones, argumentan que no se puede atentar en contra del derecho primordial de que los niños cuenten en con profesores capacitados para una educación de calidad. Pero, de ser cierta su demanda, ¿por qué no se pone en regla un verdadero plan de estudios que fomente una educación así? ¿Por qué no se eliminan burocratismos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), regularizan los sindicatos y sobre todo, se garantiza que todas las escuelas del país tengan una infraestructura adecuada?
Mientras el aparato legislativo pide garantizar la evaluación a maestros, el presidente Peña Nieto aseguró, después de la primera aplicación de la prueba, que ni esta medida ni la reforma educativa tendrán “marcha atrás”. En ese mismo tono, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, luego que suspendiera el examen previo a las elecciones, dijo que “llueva o truene” se realizaría la prueba.
Recordemos que la primera evaluación fue aplicada del 20 al 22 de junio para educación básica en 30 estados, salvo Oaxaca y Michoacán; la segunda el 4 y 5 de julio para educación media superior, fue aplicada en 29 estados, menos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, esta última entidad registró bloqueos durante las elecciones.
Desde entonces, la situación ha sido marcada por descalificaciones mutuas, seguido de manifestaciones en al menos cinco entidades del país, además de violencia en Oaxaca y Chiapas. El resultado de la historia entre el 20 de junio y 5 de julio, fue que se suspendió la evaluación en tres estados y no se alcanzó el 100 por ciento de maestros evaluados.
Las autoridades, los legisladores y gran parte de la ciudadanía han caído en la censura a la forma de oponerse del magisterio. Si bien es cierto que el gremio está lleno de corruptelas y “charrismo”, con líderes perpetuos en el poder, también lo es que este tipo de estructura le ha servido a diversos gobiernos estatales y federales para diversos fines.
Los que vemos de fuera el conflicto terminamos por denostar todo el movimiento pero no vemos de fondo. No se puede justificar de ninguna manera la violencia, la resistencia a querer ser evaluado y capacitado, pero no conocemos las condiciones en las que se pretende hacer.
La reforma educativa lo explica pero no lo deja claro. Los docentes se quejan de que les quieren modificar salarios, prestaciones, derechos laborales como la jubilación y señalan que no se ataca a los altos funcionarios, mismos que no perderán privilegios ni serán evaluados o capacitados.
Es bueno capacitar y regularizar la obtención de una plaza de docente, al final, es una posición clave para formar a personas con valores y conocimientos que les permitan tomar mejores decisiones en el futuro, que contribuyan al país, pero también es importante hacer las cosas transparentes, que se respeten los derechos de los maestros y la tornaría más importante si se aplicara en todos los niveles.
Por I. Nava