Además, México ha sido calificado como la nación más impune de América y de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Ciudad de México – En últimas fechas, México se ha expuesto como un país con problemas de seguridad y violencia, sin embargo, décadas atrás la ciudadanía tenía una percepción mucho más tenue de la situación. Pese a lo anterior, en los últimos sexenios la violencia ha ido en acenso, suceso ocurrido tras la decisión del ejecutivo al declarar la “guerra al narcotráfico”, lo cual tuvo como consecuencia la militarización de las calles y cientos de miles de muertos y desparecidos.
El estudio “Descifrando el gasto público en seguridad”, realizado por la consultoría independiente Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, señala que la tasa de homicidios en México es de 17,5 por cada 100.000 habitantes, lo que coloca al país como uno de los más violentos del mundo. Además, México ha sido calificado como la nación más impune de América y de todos los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Paradójicamente y como medio de contrarrestar los estragos de la violencia, el gobierno federal invierte cada año 264.000 millones de pesos para combatir el narcotráfico y en la prevención de delitos del fuero común. La mayoría de estos recursos son entregados a organismos como la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, en los últimos años el presupuesto para estas instituciones ha crecido un 300%.
Aunado a lo anterior, el estudio también reveló que el 95% de los delitos denunciados en el país no son sancionados, lo que tiene como consecuencia que del 100% de la ciudadanía el 35% no denuncie por creer que es una pérdida de tiempo.
Pesé a que México es el país con más policías per cápita, llegando a la cifra de 367 policías por cada 100,000 habitantes, superando a los Estados Unidos que cuenta con 197 elementos bajo el mismo criterio. La cantidad de jueces es mucho menor, pues tan solo hay 4.2 por cada 100,000 habitantes.
Al parecer, el gobierno federal debería replantearse la dinámica que implementa para combatir la violencia, pues el incremento de presupuesto no es sinónimo de efectividad.