Las autoridades mexicanas han dado a conocer que buscan cobrar una multa que se impuso a dos filiales de la brasileña Odebrecht, por supuestos actos de corrupción.
El caso Odebrecht no deja de complicarse. La Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que el gobierno de Brasil no ha entregado la información sobre las investigaciones que ha realizado sobre el caso, lo que ha obstaculizado las indagaciones de México.
En contraste, el Ministerio Público de Brasil ha acusado a la PGR de supuestamente entorpecer la investigación, ya que, afirma, desde hace un año, se niega a firmar un acuerdo de intercambio de información sobre el caso.
En medio de las acusaciones, las autoridades mexicanas han dado a conocer que buscan cobrar una multa que se impuso a dos filiales de la brasileña Odebrecht, por supuestos actos de corrupción, mediante el embargo de alrededor de 30 millones de dólares que Pemex debe a la empresa brasileña.
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Christián Ramírez, coordinador general de la Secretaría de la Función Pública (SFP), señaló que ésta es la forma más eficaz de cobrar las sanciones, que suman 56.8 millones de dólares, es decir, el embargo por parte de la autoridad tributaria (SAT).
De acuerdo con un reporte de Reuters, el funcionario aseveró que se espera que este embargo ocurra en los “próximos meses”. Ramírez también señaló que la firma brasileña “prácticamente se fue” del país. De hecho, recientemente funcionarios del SAT visitaron una de sus filiales en el país, pero sólo encontraron “dos computadoras y un escritorio”.
Odebrecht responde
Por su parte, la empresa brasileña comentó a Reuters que sigue establecida en México y refrendó que desde inicios de 2017 formalizó su intención de colaborar con las autoridades del país.
“Odebrecht está tomando una serie de medidas judiciales con las que espera revocar las penalidades indebidamente impuestas, que incluye la multa de unos 57 millones de dólares”, indicó la firma.
Cabe destacar, sin embargo, que la SFP mexicana sancionó, ya desde 2017, a varias filiales de la empresa brasileña en México, impidiéndoles firmar contratos con entes públicos por hasta cuatro años. Adicionalmente, este año interpuso dos sanciones de 543.48 millones de pesos (unos 28.4 millones de dólares) cada una por supuestos actos de corrupción.