El grupo de expertos está conformado por 5 especialistas de Chile, Colombia, Guatemala y España, y revisarán los planes de búsqueda de las personas desaparecidas y la atención de las víctimas, así como del trabajo penal y criminal hecho hasta ahora por las autoridades mexicanas.
Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el grupo de expertos que asistirá a las autoridades federales en las investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, estará conformado cuatro especialistas en derecho y un médico.
Los integrantes del grupo serán Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y garantías fundamentales; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud; y Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
La asistencia técnica es resultado de un acuerdo firmado el pasado 12 de noviembre entre representantes del Estado mexicano y los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, indicó que este apoyo no sustituye las acciones ni responsabilidades del gobierno federal, y precisó que la ayuda tiene limitaciones, por lo que no debe considerarse que solucionará las labores que son exclusivas de las autoridades.
Durante el seminario La crisis mexicana de derechos humanos ¿qué puede hacer la comunidad internacional” realizado en el Colegio de México, Icaza dijo que “Se pretende que (la asistencia) no sea solo sobre este caso en particular sino que pudiera generar recomendaciones en general para el Estado mexicano de un problema que no es nuevo y se pretende que contribuya a desarrollar las capacidades del Estado y no solo del gobierno federal.”
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE), y la Procuraduría General de la República (PGR), apuntaron que las atribuciones que tendrá el grupo de expertos consistirán en “elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se brinde la atención y reparación integral necesaria.”
Asimismo, informaron que el equipo interdisciplinario asistirá a las autoridades mexicanas durante seis meses, pero este tiempo podrá extenderse según sea necesario.
El Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo de la CIDH, para lo cual depositaron un millón de dólares que serán administrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, a partir de un acuerdo para dicho efecto.
“El Estado continuará trabajando junto con todas las partes involucradas para dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y lograr aplicar a cabalidad las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014”, afirmaron las dependencias federales.
En tanto, el abogado de los padres de los normalistas y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, señaló que espera que la asistencia de la CIDH permita abrir líneas de investigación adicionales a la que tiene la PGR, como los vínculos de las autoridades mexicanas con miembros del crimen organizado.
Con información de medios.