En sus orígenes, las telecomunicaciones representaron un motor para el desarrollo de la sociedad moderna al acortar distancias mediante una comunicación instantánea. Para aquellos con acceso a la red telefónica está fue una herramienta muy importante, pero para aquellos fuera del alcance de la misma, este avance tecnológico representó un factor de marginación y desigualdad.
En el pasado, una vez que se consolido la telefonía como un servicio de primera necesidad, algunos estados optaron por estatizar las empresas de telecomunicaciones para garantizar la interconexión de redes diversas, hasta el acceso a la red por parte de los sectores de la población más desprotegidos. Otros países evitaron la tentación estatista e implementaron regulaciones muy estrictas para forzar la interconexión de redes y desplegaron políticas públicas de Acceso Universal que, no eran otra cosa que mecanismos subsidiarios para llevar a los más vulnerables el acceso a las telecomunicaciones.
En nuestro país hemos pasado por las dos vertientes, primero la nacionalización para formar un monopolio de telecomunicaciones que luego se privatizo heredando al país el mismo monopolio pero ahora en manos de un privado y segundo la formulación de dos políticas de acceso universal, una de ellas enfocada a telefonía con el Fondo de Cobertura Social y el segundo con programas de conectividad a través del Sistema Nacional e-México.
Durante la actual administración se instrumento el programa México Conectado que ha sido motivo de varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Esta política pública acerco el acceso a Internet a más mexicanos sin embrago hizo poco para elevar la cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha a zonas marginadas de nuestro país.
La reciente Reforma en Telecomunicaciones definió en su inicio otra política pública para el Acceso Universal a través del proyecto denominado Red Compartida, el cual recogió un objetivo de cobertura del 95% de la población, esto es, gracias a que esta sería posible que casi todos los mexicanos contaran con acceso a banda ancha a nivel de infraestructura.
Hoy el proyecto de la Red Compartida tiene un futuro incierto, primero porque su proceso de licitación presento problemas de transparencia que a ojos de varios participantes y observadores del sector fueron importantes. Segundo porque la falta de participantes es una señal de mercado que deja ver que hay dudas razonables sobre la rentabilidad de la misma.
Si la Red Compartida no logra materializarse, tampoco lo hará la política pública de facto de Acceso Universal de esta administración, por lo que es previsible que durante el sexenio del presiente Enrique Peña Nieto este componente tan central a cualquier llamada Agenda Digital quede “de facto” sin atenderse.