En medio de críticas y hasta una denuncia contra el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el lunes entró en vigor el decreto que modifican la ley antimonopólica que impulsó el kircherismo.
Buenos Aires (elsemanario.com).- Pese a las innumerables críticas y la suspensión ordenada por un juez federal, el lunes entró en vigor la reforma a Ley de Medios en Argentina que libera el sector de los medios de comunicación, la telefonía e Internet de la legislación impulsada por el kirchnerismo.
El decreto del presidente argentino Mauricio Macri es visto por analistas y la oposición como favorable al mayor grupo de medios Clarin y un obstáculo para las empresas de telefonía ya asentadas en el país, entre ellas el grupo español Telefónica.
¿Por qué? Resulta que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Macri establece que las empresas de telefonía podrán ofrecer televisión de paga hasta dentro de dos o tres años, según lo establezca la autoridad regulatoria. En cambio, las operadoras de televisión de paga –entre ellos Grupo Clarín– ya están habilitadas para ofrecer servicios de telefonía.
Además, pone fin e incluso deroga la legislación que motivó una intensa disputa entre el gobierno argentino (entonces encabezado por Cristina Fernández de Kirchner) y Grupo Clarín, pues le obligaba a deshacerse de una importante suma de inversiones en todo el país, todo ahora revertido.
[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]También hace oficial la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), para fusionarlas y crear al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).[/box]
El decreto oficial publicado el 4 de enero, entró en vigor el lunes pese a que un juez de La Plata ordenó al gobierno “que se abstenga de suprimir o afectar derechos u otorgar nuevos derechos vinculados al AFCSA”, en espera que se determine la constitucionalidad de su disolución.
La acción de Macri fue criticada desde diversos sectores, al interior del país por la oposición y otros grupos empresariales de ambos sectores. También fue cuestionada por el relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, quien advirtió de la preponderancia de un grupo en los medios se pronunció a favor de la libertad de expresión.
En tanto, desde el sector de las telecomunicaciones, el grupo Telefónica externó su inconformidad porque la nueva ley estipula un plazo de dos a tres años para poder participar en el mercado de la televisión de paga (pero sólo por cable, se excluye tv satelital) mientras que los operadores de cable ya pueden ofrecer servicios de telefonía e internet (triple play).
Un portavoz de la empresa española, citado por El País, también cuestionó que las tarifas del servicio básico de telefonía se encuentran congeladas desde hace 15 años, mientras que los operadores de cable tienen tarifas libres.
El rechazo al DNU llegó incluso a una denuncia penal ante la justicia argentina en contra de Macri y todos los funcionarios que firmaron el decreto, presentada por el diputado Adrián Grana.
La demanda del kirchnerista incluye al jefe de Gabinete, Marcos Peña y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por considerar que “desobedecieron” la orden judicial del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, al modificar la Ley de Medios por decreto, según refieren medios argentinos como Página/12.
A través de un comunicado, Grana advierte que está vigente “una medida cautelar que impide al Presidente y cualquiera de sus funcionarios avanzar sobre la regulación de los medios audiovisuales”.
Sin embargo, pese a los cuestionamientos, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) se pronunciaron a favor del decreto presidencial.
Por un lado, la ATA señaló que la disposición otorga a la industria “horizontes de explotación acordes con los niveles de inversión que el cambio tecnológico impone. Esta medida, junto a la transferibilidad de las licencias, favorecerán el desarrollo del sector dotándolo del dinamismo necesario.
Por su parte, la ARPA destacó que el decreto “recoge favorablemente” algunas de sus reclamaciones, “que hacen a la continuidad de las empresas y de las fuentes de trabajo que ellas generan”.