Congreso de Venezuela crea nuevo acuerdo para resolver graves problemas políticos para convocar a la celebración de elecciones.
Caracas, Venezuela (EFE).- La oposición de Venezuela organizada por parte de la Asamblea Nacional pidió este lunes 9 de enero destituir al mandatario venezolano Nicolás Maduro momento después de que el ejecutivo abandonara el cargo pese que la Cámara de representantes no cuenta con facultades para destituirlo.
En un nuevo acuerdo elaborado y aprobado por el Parlamento destacó que la única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales.
La Constitución bolivariana señala que una falta absoluta del presidente sería su muerte o renuncia, la destitución decretada por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su incapacidad física o mental, la revocación popular de su mandato; o “el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional”.
Ante tal falta del presidente, la Carta Magna obliga a celebrar elecciones universales, directas y secretas.
Así mismo, señala que el presidente es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo y que está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas.
La mayoría de los representantes parlamentarios consideran que el desempeño de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la presidencia y le responsabiliza por la “ruptura del orden constitucional”, por violación de derechos humanos y por la devastación de las bases económicas del país.
El abandono de cargo se consideraría por el incumplimiento de las obligaciones por parte del presidente y, entre las razones que expuso la bancada de la oposición, se afirmó que Maduro no ha cumplido ni hecho cumplir el ordenamiento constitucional en el país.
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Una de ellas sería que, según la Cámara, Maduro “ha propugnado y consumado la supresión de la separación de poderes” en el país caribeño, mediante su respaldo a la ocupación partidista del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.
De esta manera, el Parlamento responsabiliza a Maduro del “golpe de Estado” que, a su juicio, “indujo a la suspensión de la recolección de manifestaciones de voluntad necesarias para la iniciativa constitucional del referendo revocatorio presidencial”, impulsado por la oposición, así como del diferimiento de elecciones de gobernadores que debieron celebrarse en 2016.
En materia internacional el Legislativo manifiesta que Maduro ha sido negligente en la reclamación de la Guayana Esequiba (este), territorio fronterizo disputado con Guyana, y que no ha logrado una solución pacífica al conflicto.
La utilización de la figura constitucional de abandono de cargo por parte de la AN ha sido cuestionada por algunos partidos opositores y grupos de la sociedad civil, como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que la considera “una interpretación forzada” de la Carta Magna.