La audiencia concluyó con el establecimiento de una nueva cita fijada para el próximo 21 de septiembre, fecha en que se decidirá la extradición del imputado.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró inocente y aseguró ser un perseguido político, durante su primera audiencia ante la Corte de Apelaciones de Florencia, instancia que resolverá las peticiones de México y Estados Unidos para su extradición.
Yarrington compareció en una sesión a puerta cerrada en el aula 32 del Tribunal de Apelación que se encarga exclusivamente de decidir sobre las dos solicitudes de extradición que pesan contra el expolítico, quien es señalado por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Te puede interesar: Detención de Duarte y Yarrington, un mensaje firme contra la impunidad: Peña Nieto
De acuerdo con El Financiero, el abogado del mexicano, Luca Maradooti, dio a conocer que la audiencia concluyó con el establecimiento de una nueva cita fijada para el próximo 21 de septiembre, fecha en la que la Corte de Apelación podría decidir la extradición del imputado.
Yarrington fue detenido el pasado 9 de abril en Florencia y actualmente permanece recluido en la cárcel de Sollicciano de la ciudad italiana.
“El señor Yarrington estuvo presente, declaró su inocencia, dijo confiar mucho en la justicia italiana y subrayó que ésta ha sido su primera oportunidad para demostrar su inocencia. También aseguró que las acusaciones en su contra obedecen a intereses políticos”, aseguró el abogado del mexicano.
El abogado señaló que la nueva audiencia fue establecida para que el representante de la fiscalía general florentina tenga tiempo suficiente para analizar a fondo el expediente presentado por la defensa.
“Nosotros presentamos más de 50 páginas de una memoria (expediente) con las razones y los motivos por los cuales las dos solicitudes de extradición deben ser rechazadas”, aseguró.
El exgobernador de Tamaulipas es solicitado por las autoridades estadounidenses para que responda por los delitos de asociación criminal y facilitación de tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero, mientras que las autoridades mexicanas lo requieren para que haga frente a acusaciones de corrupción y tráfico de drogas.