Andrés Manuel López Obrador ha sido consistente en su diagnóstico: México ha estado gobernado por una mafia del poder. La hipótesis supone al menos dos premisas. Por un lado, que en el país existe una élite –poderosa, reducida y excluyente como suelen ser las élites– compuesta por políticos, profesionales, empresarios, líderes sindicales, entre otros, que acuerdan, definen y deciden por la mayoría. La segunda premisa, sin embargo, es determinante: esa élite actúa como una mafia. Ese componente supone que, para conservar su poder, utilizan prácticas mafiosas. Es decir, echan mano de comportamientos latentemente ilegales definidos por complicidad, lealtades, con códigos internos más o menos estrictos pero alternos a la ley oficial y potencialmente violentos. Además, no son anárquicas.

Las mafias tienen estructura y orden. Son redes jerárquicas de protección que se alimentan de generar certezas y privilegios a unos pocos por sobre el resto. El diagnóstico del próximo presidente parece acertado. Ahora bien, el dilema que enfrenta la próxima administración es de exactamente el mismo tamaño, ni más ni menos. O se desintegran las prácticas de poder mafiosas, o la (aparentemente) desplazada mafia del poder es sustituida por una nueva. Hasta ahora, los guiños han ido en ambos sentidos. Por un lado, existen nombramientos de personas con buen tamaño moral y profesional para hacerse cargo de puestos de enorme relevancia. Alejandro Encinas para ocupar la subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOB es un ejemplo.

Sin embargo, por el otro lado hay focos de alerta encendidos que apuntan hacia prácticas mafiosas: la alianza con el PES (Partido Encuentro Social) y más recientemente con el PVEM (Partido Verde Ecologista de México), la nominación a puestos públicos de actores, deportistas y, peor aún, nominación y protección para funcionarios y líderes sindicales con pasado cuestionable. En pleno Paseo de la Reforma, el próximo gobierno tiene fantásticos recordatorios de las consecuencias de gobernar como mafia del poder: los antimonumentos. Se trata de estructuras metálicas montadas a lo largo de esta emblemática avenida de la Ciudad de México que rememoran víctimas y desgracias ocurridas en años recientes. Cada una está llena de memoria y dolor dirigidos hacia recordar a víctimas de complicidades, corrupción, indiferencia, indolencia, negligencia y omisiones.

Apenas en febrero pasado, la organización Familia Pasta de Conchos instaló el tercer antimonumento. Un “65+” que conmemora el mismo número de mineros que quedaron atrapados en 2006, la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y a los demás mineros fallecidos o desaparecidos en condiciones similares. La estructura se encuentra exactamente en frente de la Bolsa Mexicana de Valores, donde cotizan las empresas mineras responsables de las pésimas condiciones de trabajo que detonaron este tipo de desgracias. El “65+” se suma a otros dos antimonumentos sobre la misma avenida. Uno es el “43+” frente a la Torre de Caballito conmemorando a las víctimas de Ayotzinapa y de la crisis de violencia en México. Otro más, “49ABC”, está dedicado a los niños de la guardería ABC, instalado frente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Otra función de los antimonumentos es la de deshonrar a los perpetradores: una mezcla de autoridades, empresarios, líderes sindicales, etcétera, todos tristemente difuminados por la impunidad. Sería catastrófico que el próximo gobierno les proteja de alguna manera. Hacerlo conduciría a que continúe la falta de justicia para las víctimas, y eventualmente a dinamitar la legitimidad que se ganó en las urnas. Si la nueva administración no quiere convertirse en la nueva mafia del poder, debe negarse a proteger a los perpetradores y desproteger a las víctimas. Mientras el país siga gobernándose con prácticas mafiosas, y la impunidad prevalezca a cambio de lealtad, la posibilidad de que aparezcan más antimonumentos es latente. De no hacerlo consciente, el riesgo de la cuarta transformación es el de caer en el error que tanto criticó el propio Andrés Manuel: perpetrar a una nueva mafia del poder.