Representantes de la sociedad civil exigen aprobación inmediata del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en los congresos locales y urgen a las autoridades estatales su implementación. Además presentaron el “anticorruptómetro”, herramienta que permitirá mostrar a los ciudadanos los días, horas, minutos y segundos que los estados tardan en aprobar y ejecutar el SNA.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Tras la aprobación por el Congreso de la Unión de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y en la recta final del proceso legislativo para la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cinco de los más importantes organismos de la sociedad civil mexicana en economía, educación y políticas públicas, se reúnen para solicitar su inmediata aprobación y eficaz implementación en las 32 entidades federativas. Para ello presentaron el anticorruptómetro una herramienta con la que dará seguimiento puntual al tiempo que tarda cada congreso local en aprobar el SNA para hacer frente a la corrupción.
En una mesa de discusión moderada por María Amparo Casar, Directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los representantes de la sociedad civil Enrique Cárdenas, Director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY); Manuel Molano, Director General Adjunto del IMCO ; Viridiana Ríos, Directora del observatorio económico México ¿cómo vamos?; Marco Fernández investigador asociado de México Evalúa y profesor de investigación de la escuela de Gobierno del Tec. de Monterrey; y David Calderón, Director General de Mexicanos Primero reconocieron que la aprobación de la legislación es una labor de los congresos locales que sólo se podrá llevar acabo con la voluntad política de los gobernadores. Enfatizaron que su aprobación es crucial, pues sólo así, se contará con un marco adecuado para hacer frente de manera contundente a la corrupción, e hicieron un llamado a los Congresos y Gobiernos locales para su urgente aprobación e inmediata puesta en marcha.
En este sentido, Viridiana Ríos subrayó que ‘no tenemos tiempo que perder para aprobar el SNA. El anticorruptómetro nos permitirá exigir su aprobación y nos dará información sobre aquellos estados en los que no se tiene voluntad para acabar con el problema. Desde sociedad civil daremos seguimiento en tiempo real a los días, horas, minutos y segundos que le toma a los estados aprobar el sistema’.
En la misma línea Enrique Cárdenas, Director del CEEY señala que “con la corrupción no estamos sólo frente a un asunto de índole moral, o de uno de convivencia ciudadana, o de justicia elemental. No… se trata de una tema que pone en entredicho la supervivencia material del Estado mexicano, su viabilidad económica y social.”
Manuel Molano, hizo especial énfasis en que un combate directo es fundamental para alcanzar el potencial de crecimiento del país “la corrupción incide directamente en la rentabilidad de la inversión. En países es con altos índices de corrupción es más difícil calcular la rentabilidad en términos de crecimiento, mientras que en países menos corruptos hay menos riesgo y lo por tanto la rentabilidad es más predecible. Según el Incide de transparencia internacional México está en el grupo de corrupción que no corresponde con su desarrollo económico”.
Por su parte Marco Fernández, investigador de México Evalúa subrayó que “esperaríamos muestras de responsabilidad política de los legisladores en los Congresos locales para ratificar, a la brevedad, esta reforma constitucional. No puede haber más dilaciones legislativas. La experiencia en el caso de la reforma energética nos recuerda que cuando hay voluntad política este tipo de procesos legislativos se pueden acelerar en aras de proporcionar al país de herramientas fundamentales como este Sistema Nacional Anticorrupción. De esta forma, se pueden sentar las bases para que junto con el Sistema Nacional de Transparencia recientemente aprobado, se establezcan mecanismos institucionales sólidos para una verdadera rendición de cuentas en el que se garantice el estado de derecho como una práctica cotidiana en todos los niveles de gobierno por los representantes de los tres poderes del Estado mexicano”.
David Calderón, asimismo subrayó que “la aprobación de estas reformas y adiciones legales debe llevar a su implementación cabal hasta cambiar las prácticas en cada sistema estatal de educación: los recursos públicos tienen que llegar íntegros hasta la última escuela, previniendo y castigando los desvíos en la forma de entregas ilegales a sindicatos y pagos a quienes no son docentes; los contratos fraudulentos con proveedores seleccionados al margen de la ley, incumplidos o abusivos; el uso de recursos educativos para favorecer a familiares, amigos y aliados políticos. Sólo así la inversión que hacemos los mexicanos para la educación pública cumplirá su finalidad: construir capacidades y ampliar oportunidades para la generación joven.”
Finalmente, los representantes de la sociedad civil insistieron en que la lucha contra la corrupción es una lucha de todos y para todos,”ratificamos nuestro compromiso con los tres órdenes de gobierno para acompañar el proceso de creación, implementación y consolidación de un sistema anticorrupción integral, autónomo, bien articulado, con facultades y recursos suficientes para, combatir de manera definitiva la corrupción”, concluyó la directora del observatorio económico México ¿cómo vamos?