El vocero de los taxistas organizados aseveró que no saben a qué intereses esté obedeciendo la ambivalencia de declaraciones por parte de las autoridades, porque la ley tendría que ser aplicada y el cumplimiento de la misma no se debe suspender, privilegiando el Estado de derecho y funcionando bajo un orden donde todos acaten las reglas del marco normativo que regula el transporte.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Integrantes de los Taxistas Organizados de la Ciudad de México acusaron al secretario de movilidad, Rufino H. León por encubrir a Uber y Cabify, quien asegura que el servicio que prestan es un contrato privado entre particulares; además, también criticaron al dirigente de la Semovi por encubrir a los 30 mil taxis piratas que operan en la ciudad.
En entrevista para elsemanario.com, Ignacio Rodríguez, vocero de la organización, aseguró que la credibilidad y confianza del gobierno van a la baja, tomando en cuenta que las declaraciones por parte de la autoridad en la materia han sido ambivalentes, generando confusión.
Piden al secretario que defina cuál es la postura del gobierno respecto a los servicios que prestan estas empresas, ya que “por un lado en medios salen a decir una cosa (…) a nosotros incluso mediante oficio se nos hizo saber que estaban solicitando operativos para estas dos empresas y después ellos mismos se contradicen”, e incumplen su palabra, aseveró.
Sin embargo, acudirán “de buena fe” a la reunión convocada para el día martes a las 14:00 hrs., con el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, para hacerle saber su postura: la de no tolerar la prestación de estos servicios y que dejen de simular que trabajan “y no lo están haciendo”.
Lo anterior porque el secretario de movilidad argumenta que en este caso existen lagunas jurídicas y las mismas “corresponden únicamente a la parte de lo que es el uso de la plataforma” (app), aunque, “el hecho en sí de transportar pasajeros de un punto a otro con vehículos no autorizados”, para esta tarea, “eso sí es constitutivo de delito”, aseguró el vocero de los trabajadores del volante; “eso sí está regulado en la Ley de movilidad” y ahí no hay laguna jurídica, como lo hace ver el dirigente de la Semovi, aseguró.
No le huyen al debate, lo rescatan.
Sobre el debate público que se planea para después de la jornada electoral, con el objetivo de que no se politice la situación, y ante declaraciones de que los taxistas se muestran reacios, el vocero indica que no es así. Dice que originalmente en la convocatoria, la Secretaría de Movilidad hablaba de un “debate cibernético” y el otro presencial. Destaca que han manifestado que lo cibernético lo ponen en duda ya que se pueden crear tendencias de modo artificial con el poder económico que tienen esas empresas, “el uso de redes y de la internet es sujeto a manipulación”, aseguró.
El debate presencial lo rescatan y piden que sea un debate abierto con cobertura de medios para que se dé de la manera más transparente.
Cuando se le argumentó que el debate no sería de manera cibernética y que la red sólo será una plataforma para su transmisión, Rodríguez aseguró que ahora Rufino León lo maneja de esa manera, pero que en el boletín de la convocatoria se hablaba de dos tipos de debate, uno cibernético y otro presencial, “pero (…) si se utiliza a la red como medio de transmisión (…) no le vemos problema”, dijo.
Pagan justos por pecadores.
Existe toda una campaña de desprestigio hacia el sector al calificarse a todos de manera homogénea, y “no aplica para todos”, dijo. Refirió que no tienen porque pagar justos por pecadores, pues “dentro del sector también hay gente honrada, trabajadora, responsable, amable”, pero esa parte no se ve, asegura; y agrega que “ahora se exalta mucho toda esa parte negativa”; aunque también dijo que deben reconocer, “en bien del servicio”, esa crítica y aprovecharla en un sentido productivo y constructivo.
Por otro lado, el vocero de los taxistas organizados aseguró que “pareciera que hay un empeño y un manejo de información vertida a través de los medios conformando (…) toda una campaña de desprestigio hacia un sector que, si bien ha tenido fallas, pues tampoco merece que se le califique de modo homogéneo”.
En cuanto a cuál es el objetivo particular de sus acciones, Rodríguez mencionó que ellos preferirían que fueran retirados los servicios de aplicación, “puesto que la ley dice que si se cometió el delito (…) de transportación ilegal de pasajeros”, el que lo perpetra “pierde el derecho a recibir un permiso o una concesión para prestar el servicio”.
En congruencia con la Ley de movilidad, estas empresas al venir a violar la ley realizando la actividad de transporte público sin contar con concesión, no son acreedoras a que se les concesione, detalló.
Además, añade que están en contra de nuevos concesionamientos pues “somos la ciudad con más taxis en el mundo”, creciendo el número de taxis en las ultima dos décadas.
Mientras la población en el mismo tiempo “creció un 74 por ciento” en la capital, el número de taxis “creció el 240 por ciento”. Con ello, la oferta del servicio está saturada, dice; y aumentar más servicios a los ya existentes “sólo saturaría más la oferta” de los mismos creando un desplazamiento de trabajo y un incremento en las jornadas laborales, que de por sí ya no son cortas para los operadores, detalló.
Ante la trascendencia de que la CDHDF informó que estará pendiente de que no se violen los derechos laborales de los taxistas por el caso Uber y que no ha recibido queja formal, Ignacio Rodríguez argumenta que si no han enviado queja formal es porque su estrategia va por pasos.
Mencionó que empezaron interponiendo quejas administrativas ante la Semovi e Invea, pero al no recibir respuesta denunciaron ante la procuraduría local, y ahora llevan a cabo reuniones semanales con el subprocurador, Oscar Montes de Oca, donde se les informa como van las averiguaciones por las dos denuncias interpuestas.
En una siguiente fase tienen contemplado presentar lo necesario ante Derechos Humanos y si es necesario, ante la Suprema Corte de Justicia, como último recurso si es que el gobierno insiste en darle cabida legal a estos servicios.
“Nosotros ya estamos empezando a sospechar gato encerrado. Nos llama mucho la atención que el secretario Rufino y el subsecretario Juan José García Ochoa (…) establecen un acuerdo y un compromiso con nosotros en la última reunión sostenida y por la noche ya aparece en su cuenta de twitter del secretario la retractación (…) de los compromisos”.
Además, refirió que no saben a qué intereses este obedeciendo esta ambivalencia de declaraciones, porque la ley tendría que ser aplicada y el cumplimiento de la misma no se debe suspender, dice, privilegiando el Estado de derecho y funcionando bajo un orden donde todos acaten las reglas del marco normativo que regula el transporte.
Por Alberto Cedeño.