Defensores de los manifestantes detenidos el 20 de noviembre en la Ciudad de México solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la intervención de un grupo de trabajo de la ONU, por la tortura psicológica que representa su reclusión en cárceles de máxima seguridad.
Ciudad de México.- El pasado 20 de noviembre, en el marco del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana, cientos de miles de personas se manifestaron para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y para denunciar la inseguridad que se vive en el país.
Por tal motivo, el Estado Mexicano implementó una estrategia de criminalización e inhibición de la protesta social con la que disolvió de manera violenta una movilización pacífica. En estos hechos, 11 personas resultaron detenidas de manera arbitraria y fueron recluidas en penales de máxima seguridad en sitios geográficamente alejados para dificultar visitas de familiares y posibilidades de defensa.
La violación a los derechos humanos de los detenidos incluyen detenciones arbitrarias, incomunicación, tortura, negativa de una defensa elegida libremente y violencia física y psicológica. Estas medidas son utilizadas por el Estado Mexicano como “castigo ejemplar” para disminuir la protesta social.
Por tal motivo, las organizaciones y personas que participan en la defensa de las personas ilegalmente detenidas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares a favor de los manifestantes.
Dichas organizaciones, entre las que destacan el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Cauce Ciudadano A.C., Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., entre otras, también establecieron comunicación con el grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.