Luego de la imputación de los delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, “se ha de brindar a Doña Cristina de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones”, declaró el juez.

Madrid, España.- El juez José Castro imputó ayer a la Infanta Cristina los delitos de lavado de dinero y fraude fiscal que habría cometido a través de Aizoon, la empresa cuya propiedad compartía al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin.

El juez que citó a la Infanta a declarar en el juzgado de Palma el próximo ocho de marzo, ya había aplicado una sentencia a Doña Cristina el pasado mes de abril, pero finalmente la Audiencia Provincial revocó la decisión tras recurrirla la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado consideró que hay indicios suficientes para la citación “sin que por ello se tambaleen los pilares del Estado de Derecho”.

Puntualizó que los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Urdangarin “difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos el conocimiento y la aquiescencia de su esposa por mucho que, de cara a terceros, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado”.

De la misma forma, vio indicios penales en el uso de los fondos de Aizoon y señaló que “llevaron a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco, de dividendos sobre la base de la disposición de fondos para atender gastos personales”. “Las facturaciones por gastos personales de Doña Cristina con cargo a Aizoon supusieron una doble defraudación en IRPF e Impuesto de Sociedades”, añadió.

El juez Castro señaló que Aizoon sirvió “de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando”, que los duques de Palma “nunca” declararon dividendos por esta entidad y “consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública”.

El instructor rechazó por “inadmisible” que se deba un “especial cuidado” y “un diferente trato judicial” en la citación de personajes públicos vinculados a instituciones centrales del Estado, y recuerdó que son estos “quienes están llamados a observar un especial cuidado para no situarse en órbitas comprometedoras”.

“Se ha de brindar a Doña Cristina de Borbón y Grecia la oportunidad de facilitar explicaciones”, declaró el juez.

Por su parte, el abogado de la Infanta, Miquel Roca, aseguró ayer que está “absoluta y plenamente convencido” de la inocencia de su cliente y anunció que en los próximos días recurrirá la resolución del juez.

Al respecto, la Casa del Rey expresó ayer, luego de conocerse la imputación de la Infanta Cristina, su “respeto a las decisiones judiciales”, sin entrar a valorar la adoptada por el juez José Castro.

Mientras tanto, el Gobierno rechazó hacer comentarios sobre la imputación de la Infanta Cristina al argumentar que el Ejecutivo “nunca comenta decisiones judiciales”.