Los académicos señalan que la ayuda militar y policial estadounidense podría estar contribuyendo a las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas. Explican que las leyes estadounidenses prohíben brindar ayuda a gobiernos que cometan estas violaciones.  

EU.- Académicos de las universidades de Florida, Illinois, California, Texas, George Mason y Dartmouth, le piden a Obama que suspenda el “Plan México” (la Iniciativa Mérida) argumentando que la serie de violaciones a derechos humanos por parte de agentes policiales y militares que han sido documentados en los últimos años, es motivo de suspensión de la ayuda económica y militar según las leyes de Estados Unidos.

Los académicos prepararon una petición a través de actionnetwork.org dirigida al presidente Barack Obama en la cual detallan sus argumentos para solicitar la suspensión de la ayuda estadounidense.

En su descripción de los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, resaltan que el gobierno federal ha eludido su responsabilidad al decir que se trata de un problema local y aislado, y señalan que las autoridades locales de Guerrero involucradas en el crimen no son sólo unas cuantas “manzanas podridas”, y que también el ejército tuvo parte cuando “miró para otro lado” aún estando cerca del lugar y amenazó a los estudiantes, según testigos.

Los firmantes refieren que “este caso ilustra un patrón sistemático de la colusión de las fuerzas de seguridad del gobierno con criminales para reprimir de manera violenta los intentos pacíficos por reformar un sistema político corrupto y desacreditado”, agregando que “los esfuerzos para silenciar a los 43 estudiantes activistas revelan los profundos problemas estructurales impregnados en el núcleo del sistema político mexicano.”

Actualmente, Estados Unidos financia las fuerzas de seguridad mexicanas a través del “Plan México”, proporcionando más de 2 billones de dólares desde el 2008, usados para entrenar a militares y policías, señala la carta.

“Pero –explican- como el propio Reporte de Derechos Humanos en México 2013 del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce”, y citan dicho reporte: “Problemas significativos relacionados con derechos humanos implican el involucramiento de policías y militares en abusos serios, incluyendo matanzas ilegales, abuso físico, tortura y desapariciones. La impunidad generalizada y la corrupción siguen siendo problemas serios… en las fuerzas de seguridad y en el sector judicial.” (El reporte puede ser consultado aquí.)

Refieren también el reciente reporte emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se condena la participación del ejército en la masacre de Tlatlaya donde 22 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente, como prueba de otro caso reconocido de violación de derechos humanos.

“Porque la evidencia disponible indica que la policía y fuerzas armadas mexicanas están usando la ayuda, armas, tecnología y entrenamiento de Estados Unidos para cometer sistemáticas violaciones a los derechos humanos, creemos que el continuo apoyo político de Estados Unidos al gobierno de Peña Nieto solo hará que los asesinatos masivos en México sigan siendo posibles”, afirman.

Los académicos sostienen que la ley conocida como “Leahy Amendment”, sección 620M(a) de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961 prohíbe que el gobierno estadounidense proporcione asistencia militar a los gobiernos extranjeros que cometan violaciones a los derechos humanos, y en ese sentido exigen la suspensión del “Plan México” y otras ayudas bilaterales dirigidas a las fuerzas armadas y recomiendan, por un lado, investigar “cómo la ayuda militar de Estados Unidos es usada directa o indirectamente por las autoridades mexicanas en lo relacionado a violaciones de derechos humanos”, y por otro, “condicionar cualquier ayuda militar futura a la capacidad del gobierno mexicano para probar que no será usada para violar los derechos humanos directa o indirectamente.”

Finalmente, concluyen la carta diciendo que el pueblo mexicano desea una transformación histórica de su país y que “la mejor manera para que los Estados Unidos pueda jugar un papel positivo en este proceso democrático es cortando toda la ayuda militar y policial al gobierno en turno, asegurando que nuestros impuestos no sean usados en contra de los mexicanos.”

La petición puede ser consultada aquí.

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