La Corte Suprema salvadoreña emitió un fallo en el que declara a todas las maras o pandillas como grupos terroristas, una medida que busca poner freno a la violencia que se vive en ese país. Esto tras reportarse que en una semana se cometieron 220 homicidios.

El Salvador (elsemanario.com).- Al inicio de esta semana se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador resolvió declarar como amenaza terrorista a todas las maras, una acción histórica que provocará un cambio radical en la relación entre las pandillas y las autoridades salvadoreñas.

De acuerdo con la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte, el gobierno no puede negociar con dichos grupos delincuenciales y tiene que hacer uso de todos los recursos a su alcance para combatirlas, entre ellos fuerzas élite de la Policía o tribunales específicos.

“Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”, dice el fallo.

La resolución fue celebrada desde todos los sectores: sociedad civil, gobierno, grupos políticos y Asamblea Legislativa de la República (Congreso). Nunca en la historia desde su existencia, las maras habían sido calificadas como grupos terroristas.

De acuerdo con medios locales, esta decisión es una medida que busca robustecer los esfuerzos que intentan frenar la ola de violencia que ha azotado al país centroamericano, pues la decisión fue tomada luego de una semana en que los índices de homicidios se elevaran.

Entre el domingo y el viernes de la semana pasada, se reportaron al menos 220 homicidios, una cifra muy alta si se considera que El Salvador apenas rebasa los seis millones de habitantes. Los días más violentos fueron: el domingo, 40 muertos; lunes, 42 y martes, 43.

En lo que va de 2015, los enfrentamientos entre miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, las principales organizaciones criminales del país han ocasionado la muerte 3 mil 828 personas, una tasa de 16 asesinatos al día. La mayoría de las víctimas son civiles, de acuerdo con información del  Instituto de Medicina Legal y la Policía Nacional salvadoreños.

Según refieren algunos medios, con la ola de violencia actual El Salvador superó a Honduras como el país más violento de Centroamérica.

A principios de agosto, las autoridades salvadoreñas alertaron sobre la posibilidad de que la Mara Salvatrucha y Barrio 18 formaran una alianza para crear una organización con mayor alcance, tanto en militantes como en volumen de operaciones. Además, advirtieron que esa situación se podría replicar en Honduras, Guatemala y que incluso tendría alcance hasta México.

La resolución de la Corte también pretende atacar a todo el grupo de personas que están detrás del apoyo de las maras, incluidos sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, así como a todos sus fines: políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.).

La sentencia  prohíbe las negociaciones con esos grupos terroristas. Recordemos que en 2012 hubo una tregua entre las maras y autoridades intermediada por voceros con el objetivo de reducir el número de homicidios diarios. Sin embargo, aumentó la cantidad de desapariciones, según denunció en su momento la oposición en el Asamblea Legislativa.

Para la CSJ, debe entenderse por terrorismo el ejercicio de la violencia “para intimidar de forma general a la población, controlar territorios, compeler a las autoridades a negociar concesiones penitenciarias o de otra índole”, ya sea económico o político.

Según especialistas, la resolución también abre la puerta para endurecer la estrategia oficial contra el crimen, como ocurrió la década pasada con el plan “Mano Dura”. No obstante, grupos de derechos humanos advierten que esta situación podría “exacerbar” a grupos que han solicitado incluso pena de muerte o estado de sitio contra las maras.

Por el momento es una sentencia de carácter constitucional, por lo que habrá que esperar a conocer qué sanciones penales se aplicarán.