Dos miembros de una red de estafadores, que lucró con miles de propietarios de viviendas que luchaban para hacer sus pagos de hipoteca y salvar sus casas del remate, fueron condenados en Miami, informó el Departamento de Justicia.
Ciudad de México.- El juez Kenneth Marra impuso una condena de cuatro años y medio a Ajay Thuraisingham, de 27 años, de Ontario, Canadá y dos años y medio a Christopher Duharte, de 36 años de Florida.
Ambos acusados, quienes se declararon culpables de los cargos de conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico, recibieron además una pena de libertad condicional de tres años y deberán pagar una suma no especificada en restitución.
Con Thuraisingham y Duharte, suman ocho de diez acusados en este caso que se han declarado culpables de los cargos. Los dos restantes Jason Vitulano y Jeffrey Taylor tienen programado ir a juicio a partir del 10 de noviembre próximo.
Según la acusación, entre septiembre de 2008 y agosto de 2009, los acusados operaban oficinas de telemercadeo que recogían los pagos por adelantado de los propietarios en dificultades, supuestamente a cambio de obtener modificaciones de préstamo para viviendas.
Jason Vitulano, uno de los presuntos “cabecillas” fue el organizador y operador de tres empresas, entre ellas Centro de Asistencia de la Ley de Vivienda y Seguridad Financial Corp., que operaba oficinas en Boca Raton y más tarde en Deerfield Beach.
Otro acusado, Robert Bacon, fue director de operaciones, mientras que los otros ocho acusados actuaron como jefes de equipo de telemercadeo que hicieron miles de llamadas telefónicas a propietarios atrasados en sus pagos de hipoteca.
Los acusados hicieron declaraciones falsas a los propietarios de viviendas como decirles que ya habían sido aprobados para una modificación de su préstamo que salvaría una cantidad específica de su pago de la hipoteca, reduciendo la tasa de interés y a menudo el saldo de capital del préstamo hipotecario.
Los acusados dijeron rutinariamente a su clientes que habían sido aprobados por un “asegurador” y que tenían un equipo de “abogados expertos” que finalizaría las modificaciones de los préstamos. El telemercadeo se hacía en varios estados.
Mediante el uso de estas y otras representaciones falsas, los acusados indujeron a más de dos mil propietarios en dificultades a pagar honorarios por adelantado por un total de más de siete millones de dólares que finalmente se embolsaron, de acuerdo con la acusación.