El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un antejuicio de mérito contra la fiscal general Luisa Ortega, con lo que podría ser removida del cargo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un antejuicio de mérito contra la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, lo que abre la puerta para su eventual remoción del cargo, confirmaron medios locales.
Tras darse a conocer la noticia, Ortega consideró que la medida es un atentado al estado de derecho y una persecución a opositores que, como ella, disienten frente a las acciones del Gobierno, destaca El Sol de México.
Te puede interesar: Muere joven durante nueva jornada de protestas en Venezuela; ya son 72 los muertos
Ortega fue colocada en el cargo con apoyo de la oposición, y ha presentado varios recursos para invalidar la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna de 1999 en Venezuela, acción promovida por el presidente Nicolás Maduro.
La fiscal pidió la anulación de la designación de 33 magistrados del TSJ, por presuntos vicios en el proceso de nombramiento en diciembre de 2015, y presentó otros recursos contra la Constituyente del presidente Maduro, además de denunciar que la intención de reformar la carta magna es un mecanismo que no cumple las leyes y viola los derechos humanos, ya que el pueblo de Venezuela no fue convocado para decidir.
La solicitud para determinar si hay méritos para llevar a juicio a la fiscal general fue promovida por el diputado chavista, Pedro Carreño, y admitida este miércoles por el Tribunal Supremo de Venezuela.
Sobre el fallo, la Sala Plena del TSJ explicó que esta decisión fue tomada de conformidad con el artículo 279 de la Constitución de Venezuela que establece que los “integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional (AN), previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia”, destaca el portal América Economía.
El TSJ acordó de igual forma convocar a una “audiencia pública” y notificar a Ortega Díaz, al diputado oficialista Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano (instancia del Poder Ciudadano) para que comparezcan ante la Sala Plena del máximo tribunal “y expongan lo que consideren pertinente”.