Amnistía Internacional (AI) rechazó el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de España por considerar que “aumenta la indefensión de los ciudadanos ante los excesos de la policía, y afecta las libertades de reunión y de expresión de los ciudadanos”.

Madrid, España.- En un comunicado, la sección española de AI pidió al gobierno que el proyecto presentado la semana pasada y que tramitará el Congreso español, sea “consultado con la sociedad civil antes de tomar medidas que pueden restringir derechos fundamentales“.

Criticó que la iniciativa del ejecutivo incluye como infracción leve el uso de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que afectará la labor de periodistas y personas que recogen información en manifestaciones.

Lamentó que “la respuesta política a las protestas sociales en el marco de la crisis económica sea intentar recortar el derecho de reunión pacífica y el derecho de la libertad de expresión”.

“En vez de recortar el derecho de reunión pacífica, el gobierno debería garantizar que cualquier abuso o uso excesivo de la fuerza contra manifestantes sea debidamente investigado”, expresó el director en España de AI Esteban Beltrán.

Recordó que toda manifestación, sea en la modalidad que sea y si es pacífica, es un derecho esencial de los sistemas democráticos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Expuso que al ser España parte de los tratados internacionales sobre derechos humanos, solo se espera que se garanticen los derechos reconocidos, como el de reunión pacífica y libertad de expresión, y que no se ponga en riesgo tales garantías.

Agregó que las restricciones de esos derechos que quiere aplicar el gobierno español, deben ser estudiadas “de manera individual y no generalizadas” y no alterar la esencia de tales derechos.

“Estas limitaciones pueden estar motivadas exclusivamente en que otras personas encuentren ofensivas las protestas o en que las autoridades aleguen, sin demostrarlo, que constituyen un riesgo para el orden público”, aseveró.

Por ello, le pidió al gobierno establecer “mecanismos de control e investigación ante cualquier violación de derechos humanos cometida por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas”.

Asimismo, reclamó que no se permita “que medidas administrativas o sancionadoras, como las que se están intentando implantar, repercutan en la esencia de estos derechos”.

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