Como medida para combatir la inseguridad, la policía de la comunidad de  “Carlos Reyles”, puede llevar a su casa a los menores de doce años si son vistos en la calle después de medianoche.

Santiago.- En Uruguay, una orden judicial prohíbe a los adolescentes menores de doce años a salir a la calle después de la medianoche en la localidad de Carlos Reyles, informó hoy el portal del diario uruguayo El Observador.

La información de este jueves obtenido por ese medio digital expresó que “por orden del juez (José Marrero), los jóvenes no pueden salir a la calle después de las 12″ en Carlos Reyles, donde “la policía lleva a su casa a los menores para evitar la inseguridad”.

Desde el martes pasado la policía de la localidad de Carlos Reyles, situada a 220 kilómetros de Montevideo,”tiene la potestad de retirar de las calles a los menores de edad que se encuentren circulando después de las 12 de la noche”, con el apoyo del magistrado Marrero, reveló el portal informativo.

El jefe policial de la zona, José García, declaró al medio digital que la decisión “se basa en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Ley de Vagancia”, promulgada en 1941.

Por su parte,  Martín Fernández, abogado de derechos humanos, rechazó la medida y aseguró que el marco normativo en el que se funda esta política restrictiva es “inconstitucional”.

“Para nosotros es claramente una ley inconstitucional, que ha sido derogada por múltiples leyes. No se puede estar deteniendo personas por estados afines, no existe el tema ese de estados peligrosos?”, explicó el jurista.

Consideró que dicha medida está más allá de la normativa vigente: “lo que está mal es la práctica policial o la judicial que la legitima utilizando un marco legal que es claramente violatorio de los derechos humanos”, declaró.

“Hay cuestiones vinculadas a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los temas de detención tienen que ser limitadas al máximo”, agregó  Fernández.

Finalmente, el abogado llamó la atención a la policía de Carlos Reyles, al señalar que no puede actuar de modo que se generen “detenciones arbitrarias” o “intervenciones en espacios públicos”, donde “tanto los adolescentes como los adultos tienen derechos”.

“La actuación de la policía tiene que estar acotada a un marco legal claro de que se estén cometiendo ilícitos. No puede ser sólo porque los adolescentes estén en la calle haciendo ruido”, argumentó el abogado.