Las obras para la ampliación del Canal de Panamá siguen paralizadas por supuestos sobre costos, a lo que el diputado Elías Castillo señaló que “como religión, el Canal de Panamá une a los panameños”.

Panamá.- La reciente crisis con un consorcio internacional que mantiene paralizadas desde el cinco de febrero las obras de ampliación del Canal de Panamá, demostró que la vía une a los panameños en un máximo nivel de intocable religiosidad.

“Señalaba el general Omar Torrijos (1968-1981) que el Canal de Panamá era la religión que unía a los panameños y en efecto” así es, dijo el diputado Elías Castillo, quien impulso la presencia el miércoles del administrador del Canal Jorge Quijano en el Parlamento.

Como un solo puño, aunque con matices, diversos sectores de la sociedad panameña han expresado su respaldo a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a su posición de resistirse a admitir los reclamos del Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC).

Aunque no ha sido necesario hasta ahora, incluso el presidente panameño, Ricardo Martinelli, ofreció ir “hasta la Conchinchina” para intentar encontrar una solución.

El consorcio, integrado por la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, suspendió las obras de expansión el pasado 5 de febrero al fracasar negociaciones que le permitan adquirir liquidez para continuar las obras.

El conflicto estalló el 30 de enero, cuando el grupo exigió el pago de mil 600 millones de dólares en supuestos sobre costos, pero la ACP le exigió que cualquier discrepancia sea solucionada en las tres instancias de solución de disputas establecidas en el contrato.

El GUPC ganó en 2009 un contrato por tres mil 221 millones de dólares para el diseño y construcción del tercer juego de esclusas, el principal componente de la ampliación de la ruta, que añadirá un carril adicional a los dos existentes en el atajo.

A nueve días de paralización de las obras, esta semana se mantuvo abierta la rendija para llegar a acuerdos, entre ellos la aceptación del GUPC de que el reclamo de mil 600 millones de dólares sea dirimido por la junta de arbitraje del contrato.

Aunque han llegado a acuerdos preliminares, aún falta plasmarlos por escrito, aunque Quijano advirtió que la ACP solo esperará hasta el martes para llegar a un acuerdo o en caso contrario recurriría al Plan B: rescindir el contrato y asumir las obras.

Traumática, dolorosa, compleja y difícil fue calificada la eventual alternativa B por Quijano, quien en los últimos días ha manifestado de alguna manera su inclinación por llegar a acuerdos con el GUPC para culminar las obras.

“Del pueblo he recibido un apoyo que nos ha creado en nosotros el compromiso hacia ese pueblo que exige justicia aquí”, indicó Quijano, cuyo equipo negocia con el consorcio, pero al mismo tiempo adelanta acciones en caso de romperse el contrato.

La ampliación inició en 2007, con una inversión de cinco mil 250 millones de dólares, para finalizar el 21 de octubre de 2014, según el contrato con GUPC, pero ahora según una nueva proyección, en el mejor escenario la ampliación estaría lista en 2015.

Además de extenderse el plazo de finalización en unos 14 meses, el precio de la obra crecería en unos 400 millones, sumado a las pérdidas por lucro cesante de unos 95 millones de dólares, por los ingresos que no recibirá el Canal al no estar concluida la ampliación.

La ACP confía en su capacidad económica y técnica para en caso de fracasar las pláticas, reasumir la ampliación, ahora con un avance de 70%.

Además de generar unidad alrededor suyo, la crisis mostró que la ACP es un ente monolítico y solidario incluso con aquellos que han salido de la entidad como es el caso del ex administrador de la vía, Alberto Alemán Zubieta.

El ex administrador fue acusado por el presidente panameño de ser responsable de la actual crisis porque bajo su gestión se preparó el contrato con el GUPC.

Pero en su comparecencia ante la Asamblea, Quijano, quien sucedió a Alemán Zubieta en 2012, explicó: “todos en el Canal hicimos un trabajo a conciencia (para redactar el contrato) defendiendo la institucionalidad de la empresa”.

“Por eso es que tiene dificultad con el contrato (para cobrar sobre costos); porque es muy duro”, manifestó.

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