Madrid, España.- Luego de la difusión de un video en el que se aprecia la declaración de la infanta Cristina ante un juez, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó calificó de delito el testimonio audiovisual furtivo, porque el instructor, José Castro, prohibió expresamente la toma de imágenes o de testimonios sonoros y solo grabó para el acta la voz de la imputada, a petición de esta.
El enorme dispositivo de seguridad desplegado por el Ministerio del Interior (más de 200 agentes) falló. En la entrada había arcos detectores de metales y un túnel de rayos X y se realizaron registros e inspecciones personales. La policía emitía frecuencias para interferir comunicaciones e hizo barridos tecnológicos y rastreo con perros en el edificio judicial. Los vigilantes de seguridad y los policías nacionales registraron bolsos y hasta llegaron a desmontar el bolígrafo del fiscal, Pedro Horrach, en búsqueda de micros y cámaras. A las funcionarias del juez les examinaron los llaveros del juzgado, sopesaron carpetas y fundas de gafas.
Se ignora la identidad del autor de la grabación ni el sistema que usó. Una o varias personas a las que la policía investiga por orden del juez decano pueden ser responsabilizadas de delitos de desobediencia y revelación de secretos. Por la línea de cámara se supone que el dispositivo espía actuó desde la segunda fila de la bancada de la sala de juicios. En esa zona había una quincena de letrados personados, diez funcionarios y una procuradora. En el estrado y en los laterales, doce personas más.
Fuente: El País.