La demanda contra Grupo México fue certificada como colectiva el pasado 26 de marzo del presente año por parte de la Jueza Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Emma Gaspar Santana.
Ciudad de México (elsemanario.com).-La demanda contra Grupo México (GM) por daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, presentada por de Acciones Colectiva de Sinaloa A.C., fue certificada como acción colectiva por parte de la Jueza Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Emma Gaspar Santana, el pasado 26 de marzo de 2015.
La acción colectiva promovida por los abogados David Álvarez y Luis Pérez de Acha el 28 de agosto de 2014, busca la reparación del daño ambiental y la implementación de medidas preventivas para evitar desastres futuros, así como el pago de multas e indemnizaciones.
La certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, ‘cuesten lo que cuesten’, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental, afirmó David Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa A.C.
Por su parte el abogado de la asociación en la Ciudad de México Luis Pérez de Acha, explicó que si materialmente fuera imposible reparar el daño al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba antes de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización destinada al fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de dos mil millones de pesos, ya creado por la minera. De no haber sido certificada la demanda como acción colectiva, Grupo México solo tendría que pagar la multa ya impuesta por cerca de 40 millones de pesos.
El monto a pagar es calculado por la juez a partir de consultas a expertos en temas ambientales y a la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), y se pagan a la CJF. El destino de los recursos será lo establecido en el artículo 625 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), es decir:
Pago de gastos derivados de otros juicios de acciones colectivas difusas (ambientales) o al fomento de la investigación y difusión de las acciones y derechos colectivos.
Posterior a la certificación, inicia el periodo de pruebas para constatar que el daño ambiental fue causado por los demandados y se estima que la sentencia se dicte entre doce a 18 meses. El “beneficiado” directo de la sentencia es el medio ambiente que será reparado, e indirectamente los vecinos del lugar afectado que podrán vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Las demandas de acción colectiva facilitan a los ciudadanos el acceso a la justicia, al permitirles organizarse y denunciar la afectación de sus derechos en conjunto o la reclamación de violaciones en materia ambiental, de consumo, prestación de servicios, entre otros. Este tipo de demandas, promueven un solo juicio en representación de una colectividad, y la sentencia abarca a todos los afectados, aunque no aparezcan explícitamente representados en la demanda.
La Asociación tiene como objetivo la defensa legal de consumidores y medio ambiente y está autorizada por el Consejo de la Judicatura para presentar este tipo de demandas en todo México. De las acciones colectivas presentadas en el país, aproximadamente el 50 por ciento se certifica y el resto es rechazada. En el caso de nuestra asociación, los casos presentados se han certificado como acciones colectivas en un 90 por ciento.