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Un gasoducto, la fibra sensible en la relación México y Canadá

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martes 20 de agosto de 2019

“Excesivos y leoninos” fue como el presidente López Obrador calificó las condiciones del contrato de construcción del ducto marino que va de Texas a Veracruz, obra asignada por 2 mil mdd a TransCanada e IEnova.

 

Una de las fricciones empresariales entre el gobierno de López Obrador y firmas transnacionales que sumaron motivos para que Carlos Urzúa presentara su renuncia como titular de Hacienda, fue el proyecto de un ducto de 42 pulgadas en el fondo del golfo de México que recorriera 800 kilómetros desde Brownsville, Texas, Estados Unidos, hasta Tuxpan, Veracruz, México.

La obra, estimada en 2 mil millones de dólares (mdd) fue asignada por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la canadiense TCEnergy – conocida anteriormente como TransCanada – y a la empresa estadounidense IEnova, implicaba el desarrollo del diseño realizado por el entonces gobierno federal para proveer de gas a la Península de Yucatán, con fecha de entrega al cierre de 2018.

Ante la demora de la conclusión de la obra y bajo una nueva administración, La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico se negó a emitir una constancia en la que aceptaba la obra terminada y en la que ponía una fecha de inicio de operaciones y solicitó llevar a revisión los contratos firmados en 2016 con TCEnergy e IEnova.

“El propósito del Gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos”, dijo el director de la CFE, intención que fue rechazada por las empresas desarrolladoras y amenazaron con llevar el conflicto ante tribunales internacionales.

El gobierno de López Obrador, según cita El País, buscaba con la renegociación dos objetivos: conservar el monto de una carta de crédito dado como garantía por las empresas y modificar la responsabilidad de las partes en eventos de fuerza mayor (como desastres naturales, accidentes, o movimientos sociales).

La tensión escaló a niveles diplomáticos con la intervención del entonces máximo representante del gobierno de Canadá en México, Pierre Alaire, quien externó su preocupación por el caso y las señales enviadas por el gobierno federal de no respetar los contratos con empresas como TCEnergy.

Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, también se pronunció sobre el conflicto del gasoducto: “Nos parece un incumplimiento de contratos escritos y emitidos por el Gobierno mexicano, a través de la CFE. Estamos en conversaciones con el Gobierno mexicano para enfatizar la importancia de respetar los contratos debidamente firmados.”

Pero el conflicto por el gasoducto y la revisión de contratos también generó debate dentro del gobierno mexicano. El entonces secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, reconoció que uno de los motivos de su salida fue la disputa del ducto.

Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, dijo Urzúa en entrevista con la revista Proceso.

“El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda, además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya hay apagones severos porque no hay gas”, añadió el ex funcionario.

 

 

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Sobre Joel Abraham Romero Mejia

Joel Abraham Romero Mejia
Egresado de la UNAM en la Carrera de Comunicación con especialidad en prensa escrita.