Antes de morir, Valdemar Gutiérrez concretó desvío de fondos en el IMSS a sus cuentas personales por más de 348 millones de pesos.
Las investigaciones de la Fiscalía Genera de la República apuntan a que entre 2008 y 2012, el exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y exdiputado por el Partido Acción Nacional, Valdemar Gutiérrez Fragoso, recibió depósitos de tres diferentes cuentas a su nombre procedentes de cuatro cuentas a nombre del sindicato que lideró.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, se calcula que la cifra de depósitos a nombre del fallecido Valdemar Gutiérrez ascienden a más de 348 millones de pesos, recursos que eran aportaciones gremiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Citada por el Diario Reforma, la Fiscalía señala que “es ilógico que un funcionario sindical cuente con facultades para poseer y utilizar recursos o derechos reales provenientes de aportaciones sindicales y del propio Instituto Mexicano del Seguro Social y utilizarlos con amplio dominio como es la adquisición de seguros de inversión a su nombre, con aportaciones voluntarias de grandes cantidades.”
En mayo de 2019, bajo la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de hacienda aseguraron todas las pólizas y cuentas a nombre del exdirigente sindical, las cuales suman más de 415 millones de pesos.
Los familiares del exdirigente sindical están registrados como los beneficiarios de las inversiones y sus respectivas pólizas y han litigado para levantar el aseguramiento con el argumento de que cualquier acción penal debió quedar extinta con la muerte de Gutiérrez Fragoso, pero tanto la Fiscalía como los tribunales han rechazado descongelar el dinero.
Claro que no deben descongelar las cuentas de Gutiérrez Fragoso; por el contrario deben de demostrar la procedencia ilícita de esos recursos y reintegrarlos al erario público.
Y a la familia, señalarla por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita.
Ante la incapacidad de imponer la vigencia plena del Estado de Derecho las autoridades deben actuar ejemplarmente en los casos donde la evidencia es notoria.