La recesión económica y el daño social consecuente es global, planetario, y no tiene precedentes en tiempos de paz; lo bueno es que ha hecho evidente la urgencia de varios cambios.
En otros países, grupos sociales, académicos y partidos políticos analizan el entorno global y discuten alternativas enfocadas a los cambios profundos que requiere una recuperación sustentable.
En México, tristemente, la palestra casi la llenan dos bandos: quienes quieren ver en todo lo que diga o promueva López Obrador un fracaso o un peligro para su tranquilidad, y quienes ven en toda crítica a las acciones de gobierno la negra intención confabularia de quienes han sido afectados en sus intereses y se han convertido, por lo tanto, más que en adversarios, en enemigos.
Lo que ambos bandos discuten es lo que el presidente plantea cada mañana, como si todo lo que sucede y pudiera suceder dependiera efectivamente de él.
México, como otros países, necesita hacer cambios profundos para sostener la recuperación, que sólo serán posibles por voluntad y compromiso mayoritario y democrático.
La pandemia ha demostrado algunas urgencias de cambio en México y otros países. Un papel del Estado más destacado, en mejor equilibrio con los mercados, es una muy obvia; los mercados necesitan volver a ser políticamente regulados, pero en un Estado con más atribuciones, las sociedades deben estar mejor representadas en el Congreso.
¿Cómo vamos a hacer en México para reformar el sistema político, más allá de los procedimientos electorales, para lograr una democracia de abajo hacia arriba, desde la representación de sus agremiados en sindicatos empresariales, obreros, campesinos y partidos políticos?
La concentración de la riqueza está descontrolada y la distribución del ingreso ha empeorado en todo el mundo capitalista; revertir las desigualdades en sus causas y fortalecer los salarios, las prestaciones sociales a los trabajadores y los sistemas de salud y educación, es otra urgencia ineludible, lo mismo en escenarios tan distintos como Estados Unidos que en toda América Latina.
El gobierno en México asumió ese desafío. A juzgar por los aumentos salariales del año pasado en México, por primera vez reales en cuarenta años, y por la reciente mejora al sistema de pensiones de los trabajadores en el sector privado, al parecer en el empresariado hay conciencia de que tiene que mejorar la distribución del ingreso en nuestro país.
Los aumentos salariales del año pasado tuvieron una vigencia y efectos muy breves a causa del desempleo, subempleo y reducciones salariales que impuso el cierre de la economía por la pandemia.
Según el INEGI, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica, cayó de 41.8 en el tercer trimestre de 2019 a 35.7 por ciento en el primer trimestre de este año, gracias al aumento salarial, pero en mayo pasado la población que, teniendo trabajo, no le alcanza lo que gana para comer tres veces al día, remontó a 54.9 por ciento.
No es viable económicamente, ni socialmente justo, ni políticamente aconsejable esperar que por mera inercia de una recuperación del crecimiento económico, aún incierta, se restablezca el poder adquisitivo de los salarios más bajos. ¿Qué medidas de emergencia son viables de aplicar con urgencia, en apoyo a quienes menos ganan por su trabajo?
Cualquiera que se diseñe, deberá contar con apoyos fiscales. El presidente se ha negado a promover una reforma fiscal y ha optado por aumentar la recaudación cobrando a los que tienen pagos atrasados y combatiendo la evasión.
El cálculo es que la evasión del Impuesto Sobre la Renta es de 221 mil millones de pesos y la del IVA de 215 mil millones de pesos cada año, vía factureras y otros trucos. Aparte están las condonaciones como “cortesía”, de las que por ejemplo, Bancomer BBVA fue favorecido.
El problema de la estrategia hacendaria es que aunque se logre recaudar puntual y eficazmente, se requerirá algo más para fortalecerla al nivel que reclaman los desafíos del desarrollo y se habrá perdido tiempo en hacer la reforma fiscal a fondo que se necesita desde hace décadas.
Los esfuerzos por cobrar sin modificar la ley, sólo aplicándola, no es terrorismo fiscal ni una venganza contra el empresariado, como algunos lo consideren.
Más Estado, más democracia, más equidad social se contemplan en muchos países como condición para una recuperación más estable y duradera.
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