El cielo americano es un puro tiroteo.
Paul Auster.
Por si fueran insuficientes las catástrofes provocadas por los recientes fenómenos naturales, se suma una perturbación de alcance global, Las Vegas, que abona al ambiente de abatimiento e incertidumbre.
La masacre en Estados Unidos fue perpetrada por un arquetipo del wasp común, sobre quien recaerá la culpa por un acto individual, y de esa manera el sistema norteamericano será exonerado de cualquier responsabilidad. Si se tratase de un hecho aislado, podría atribuirse a un trastorno personal, sin embargo, ya son muchos los lugares que comparten la triste historia de haber sufrido tiroteos masivos:
San Ysidro, Cal.,1984; Killeen, Tex.,1991; Columbine, Col.,1995; Virginia, 2007; Fort Hood, Tex., 2009 y 2014; Sandy Hook, Conn., 2012; Aurora, Col., 2012; San Bernardino, Cal., 2015; Orlando, Fla., 2016, y el reciente de Las Vegas, Nevada. Desafortunadamente no son todos, de los 119 tiroteos registrados en 24 países industrializados en los últimos 30 años, 66% corresponde al vecino del norte, país con más armas en manos de civiles.
¿Qué nos dice este recuento?
Se trata de hechos relacionados dado un contexto en extremo violento, conjugado con una permisividad para adquirir armas de todo género, que en distintos momentos se utilizan contra la convivencia civilizada postulada por la democracia.
En la concepción de esa Nación, plasmada en la Constitución de 1787, subyace una contradicción: por un lado, señala el compromiso de establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común (a través de una milicia profesional)…; por el otro, la segunda enmienda (1791), postula el derecho del pueblo a poseer y portar armas, lo cual no se ha modificado en más de dos siglos; por supuesto, ese texto tan escueto no aclara el para qué, ni las circunstancias en que se pueden utilizar instrumentos tan letales.
En aquel entonces, la tecnología de las armas de fuego era incipiente, quizá por eso en el wild west se impuso la “ley del revolver” ante la incapacidad del Estado para controlar a los malosos en todo su territorio, así surgieron los caza-recompensas, los justicieros y otros personajes similares, legitimadores de facto del uso arbitrario de la fuerza. Ante la tecnología contemporánea, ¿el Estado es capaz de controlar a los delincuentes, terroristas, y a los alienados? Por supuesto es indispensable una puesta al día sobre las armas, a quiénes se venden, en cuáles condiciones y bajo qué controles legislativos, reglamentarios, administrativos y sociales.
El problema no es nuevo: la Ley Federal de Armas de Fuego de 1938 (Roosevelt), obligaba a los comerciantes de armas a obtener una licencia; treinta años después, Johnson suscribió la Ley de Control de Armas, como respuesta a los magnicidios de los Kennedy, King y Malcom X, que prohibía a convictos y enfermos mentales la compra de armas; en 1994 (Clinton) hizo efectiva la Ley Brady que establecía examinar antecedentes de las personas antes de la compra de un arma, límites a su comercio interno y externo, prohibiciones para adquirir rifles semiautomáticos; esta Ley, vigente durante 10 años, la dejó caducar George W. Bush en 2004. Para continuar el absurdo, una resolución del Tribunal Supremo de 2010 sentenció que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas reconocido en la Segunda Enmienda. Obama, no obstante las presiones de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), insistió en una verdadera regulación… ya no le dio tiempo. En sentido adverso, Trump se ha declarado “amigo” de la poderosa NRA.
Es evidente que un amplio sector de la sociedad estadounidense permanece inconsciente respecto del daño a sí mismos y a los demás; con ello se alimenta el terrorismo interno y externo.
¿Cómo se ve afectado México?
El 70% de las armas decomisadas proviene de Estados Unidos, la laxitud para su adquisición y las irrisorias sanciones a intermediarios en ese país, junto con la corrupción en ambos lados, facilitan el tráfico transfronterizo; así, 62% de los homicidios en nuestro territorio (2016) se cometieron con armamento del norte y se prevé un incremento para este año. El poder de fuego de la delincuencia organizada en México en muchos casos resulta superior al de las autoridades, sobre todo en los órdenes municipal y estatal.
Pero no sólo los maleantes nos envían armas, sino las mismísimas autoridades estadounidenses, recuérdese la operación “Rápido y Furioso”, intento de identificar las rutas del tráfico, consistente en introducir de contrabando y sin notificación al gobierno mexicano, un número cercano a dos mil armas entre 2006 y 2011; el operativo falló al perderse el control de la trazabilidad esperada de los microchips con que se habían marcado.
El asunto de las armas cobra un renovado interés para el gobierno mexicano, dada la vulnerabilidad a que estamos expuestos. Es necesario fijar una posición más clara y firme en el contexto global, sin perder de vista el control interno que cuenta con un robusto marco legal y regulatorio en la materia, falta implementarlo y aplicarlo con mayor eficacia, anticipándose a la corrupción.