Uno de los casos más pavorosos y dramáticos de la convulsa realidad mexicana heredado por la 4T es, indudablemente, la misteriosa, anudada y, hasta hoy, nebulosa desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la llamada Noche de Iguala, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, donde, por más macabro que pueda imaginarse, parece que, “nadie sabe… nadie supo”, a pesar de las extendidas y también cuestionadas investigaciones que condujeron a la PGR a formular la famosa verdad histórica con la finalidad aparente de cerrar el caso.
Todo sugiere que la evidente miopía política pretendió omitir que tras cada desaparecido de aquella fatídica noche, existen padres, hermanos, primos, abuelos, tíos, amigos, compañeros de aula, vecinos e incluso adversarios, que se suman y multiplican el contingente de los reclamantes, amén de los testigos que hayan presenciado los eventos previos, coincidentes o posteriores a los acontecimientos. Las circunstancias en que se desarrollaron los hechos y las inconsistencias con que se fueron dando a conocer los avances de las pesquisas, plagadas de imprecisiones, generaron en el ánimo social un ambiente de incredulidad y sospecha, que no ha sido conjurado hasta estos días.
El caso parece tomar un nuevo derrotero, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en quien se fijaron desde su nombramiento elevadas expectativas, recientemente ha adelantado lo que supondría, de concretarse, un significativo giro en esta historia, alentando la esperanza de llegar a la verdad, la verdadera, no la histórica. El Subsecretario ha declarado públicamente que muy pronto habrá resultados sobre el paradero de los 43 y con ello se desmentirá la verdad histórica de Ayotzinapa, lo que lleva implícito un compromiso, una denuncia y una advertencia.
El compromiso es llegar a la verdad por dura que sea. La denuncia se desprende del lapidario anuncio, toda vez que tácitamente señala como falaz la versión construida en la administración pasada y, en consecuencia, se desprende que las actuaciones realizadas por distintas autoridades están impregnadas de engaño, simulación, invenciones, cuando no de negligencia voluntaria y obstaculización desde las propias instituciones. La advertencia se genera en consecuencia, pues el Subsecretario es explícito en afirmar que a todos los funcionarios que dañaron la investigación y que indebida o dolosamente manejaron las pruebas y todo el proceso se les fincarán responsabilidades.
El caso Ayotzinapa fue uno de los más significativos y tempranos problemas que enfrentó la administración de Peña Nieto, con el que tuvo que lidiar entre demandas airadas y explicaciones erráticas. Si algo laceró la confianza popular y provocó el “mal humor social” del electorado mexicano que llevó al poder a MORENA, fue precisamente el escandaloso comportamiento de la clase política y la exigencia de justicia y freno a la impunidad. Uno de los factores relevantes en tal ambiente fue, precisamente, la opacidad en la investigación de este caso, que, cabe recordar, fue asumido desde la campaña como tema emblemático del entonces candidato presidencial morenista.
La presión ciudadana, el activísimo y natural reclamo de las familias de los desaparecidos y diversos sectores sociales, frente a un asunto tan dramático que cimbró desde sus cimientos el tejido social y potenció la desconfianza en las instituciones, no puede quedar en el tradicional limbo de la impunidad, la simulación y el ocultamiento.
La verdadera verdad ofrecida por Alejandro Encinas, que conjure con certeza la famosa y repudiada verdad histórica, deberá estar fundada sólidamente en evidencia empírica, y elementos de juicio incontestables, que satisfagan los reclamos de la sociedad toda de manera irrefutable, condición indispensable para vindicar al gobierno como cumplidor.
Pero si, ante la expectativa que ha despertado el anuncio dada su contundencia y seriedad, la respuesta resulta famélica o superficial, puede generar efectos adversos, incentivar el enojo y la demanda, provocar mayor desconcierto, incredulidad e insatisfacción social. No sólo las familias, sino la sociedad entera aguarda, por más cruel que sea, una respuesta prístina sobre lo sucedido aquella noche, los motivos, los actores, el paradero de los estudiantes y, desde luego, los autores intelectuales y materiales y, no hay que omitirlo, los responsables de haber incurrido en negligencias o desviaciones voluntarias para entorpecer la investigación.
Esclarecimiento total y castigo a los culpables es la exigencia.
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